La Paz. La Policía disolvió este jueves una multitudinaria marcha opositora que llegó hasta La Paz con los cuerpos de víctimas de un reciente choque con fuerzas de seguridad, en medio de la discusión en el Congreso a una salida a la crisis mediante nuevas elecciones generales en Bolivia.
Los manifestantes descendieron por miles de la vecina ciudad de El Alto con cinco féretros, en rechazo al gobierno interino de Jeanine Áñez y la represión del pasado martes.
Ese día ocho hombres murieron por heridas de bala en el marco de choques con tropas oficiales en inmediaciones de Senkata, una planta de distribución de combustible.
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Los enfrentamientos estallaron después de que los uniformados despejaron la salida de camiones destinados a paliar la escasez de carburante en la capital, afectada por los bloqueos de rutas y donde se multiplican las filas para abastecerse de combustible y comida.
"¡Justicia, justicia!", clamaban los pobladores de El Alto su paso con los cuerpos en una caminata de unos 15 kilómetros hasta La Paz, capital administrativa del país.
En su descenso agitaban la bandera 'whipala', el ajedrezado y multicolor símbolo de los indígenas bolivianos.
Las autoridades dispersaron la marcha, cuando indígenas aymaras quisieron montar los ataúdes sobre una tanqueta militar en la céntrica Plaza San Francisco.
Uno de los féretros alcanzó a ser subido al vehículo y otros podían verse en el suelo después de la estampida que generó el gas lacrimógeno. Más de 20 personas fueron detenidas, según vieron periodistas de la AFP.
"Nos quieren matar y hay libertad para matar, hay orden para que nos maten en El Alto", dijo una mujer que se identificó como Ana Méndez, de 55 años, y quien acompañaba la protesta.
El gobierno interino ha negado la responsabilidad militar y policial en las muertes. En un mes de violencia política ya han fallecido 32 bolivianos, al menos 17 de ellos en enfrentamientos con agentes del Estado.
Discusiones clave
Ante el estallido social, el Congreso busca apaciguar los ánimos mediante el llamado a elecciones y la anulación del proceso del 20 de octubre.
Morales buscaba un nuevo mandato, tras 13 años en el poder, pero terminó renunciando el 10 de noviembre bajo presión de los militares tras el cuestionado escrutinio.
La oposición alegó fraude y encendió las calles contra el exgobernante aymara de 60 años. La OEA también dijo haber encontrado irregularidades en las votaciones.
La meta es que el Senado atienda "esta demanda de elecciones en el menor tiempo posible, con un nuevo tribunal electoral con hombres y mujeres confiables", dijo el presidente de la comisión que analiza las posibles convocatorias, el oficialista Oscar Ortiz.
El Congreso analiza dos proyectos que apuntan al mismo fin, uno de Áñez enviado la víspera y el otro presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera Morales y que cuenta con mayorías en ambas cámaras.
Oficialistas y opositores deberán acordar nombrar a los siete magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la destitución y captura de los antiguos jueces, por la presunta manipulación de resultados a favor de Morales.
Luego tendrán que definir la fecha de elecciones y decidir si Morales puede postularse.
Estados Unidos sugirió el jueves al expresidente boliviano permanecer al margen en esas próximas elecciones, que Washington dijo que deberían ser "libres, justas e inclusivas".
"Aquellos que participaron en las escandalosas irregularidades y la manipulación de los votos en las fallidas elecciones del 20 de octubre deben, por el bien de Bolivia, hacerse a un lado y dejar que los bolivianos reconstruyan sus instituciones", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado.
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Denuncias
Desde su exilio, Morales insiste en haber sido víctima de un golpe de Estado tras perder el apoyo de las fuerzas militares y de la Policía.
El gobierno de Áñez, que se juramentó el 12 de noviembre aduciendo el abandono de Morales a su cargo, lo acusa de instigar el cerco a las ciudades para cortar la distribución de alimentos.
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, presentó un video con una voz que atribuyó a Morales dando instrucciones al respecto.
Sin embargo, el exmandatario denunció, vía Twitter, un montaje para intentar denunciarlo internacionalmente.
Los militares están en máxima alerta ante el supuesto intento de los manifestantes que apoyan a Morales de tomarse nuevamente la planta de Senkata e impedir la salida de un convoy con camiones de gasolina.
La represión de las protestas ha aumentado la rabia contra el gobierno de Áñez, quien liberó de responsabilidad penal a los militares que intentan imponer orden.
“Los que tienen que estar preocupados por la Corte Penal Internacional son (Jeanine) Áñez y Murillo, por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo, al ordenar a los militares a asesinar a mis hermanas y hermanos, tratando de cubrir estos delitos con un decreto ilegal”, dijo Morales en otro tuit.