El nuevo intento se produce pocos días después de conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo investigará la posible responsabilidad del rey emérito en una trama de comisiones vinculadas a la adjudicación a un consorcio español de la construcción del tren de alta velocidad entre las ciudades saudíes de La Meca y Medina.
“Hemos registrado ya una comisión para analizar las relaciones comerciales que han rodeado el asunto de la alta velocidad a La Meca, con implicaciones claras de la Casa Real y el exjefe del Estado”, señaló el portavoz en el Congreso de Podemos, Pablo Echenique.
Para él, son "hechos muy lesivos para nuestra democracia dadas las serias sospechas de corrupción y de malas prácticas que recaen sobre el rey emérito".
Su petición viene respaldada por pequeños partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas, aunque entre todos no suman la mayoría necesaria para impulsar la comisión de investigación.
Desde el 2018, la Justicia española investiga la adjudicación en el 2011 de ese contrato de 6.700 millones de euros (unos $7.500 millones) tras la filtración de unas grabaciones de una examante del rey donde aseguraba que este había cobrado una comisión por esa operación.
El traslado de la causa al Tribunal Supremo permite indagar sobre el rey, que únicamente puede ser investigado por este alto tribunal por acciones cometidas después de su abdicación en junio del 2014. Antes, como jefe de Estado, gozaba de inviolabilidad.
Rey emérito Juan Carlos será investigado en España por presunta corrupción
Informaciones de prensa recientes indicaron que Juan Carlos, retirado de la vida pública hace un año, recibió $100 millones del rey Abdalá de Arabia Saudí en una cuenta en Suiza de una fundación panameña, de la que también era beneficiario su hijo Felipe VI.
El actual monarca renunció públicamente a cualquier herencia de su padre y le retiró la asignación de la Casa Real que, según medios españoles, ascendía a más de 194.000 euros anuales (unos $219.000).
