El Gobierno ofreció a los empresarios de autobuses personal de seguridad para que sacaran sus unidades a circular.
Este jueves, policías y soldados vigilaban en las cercanías de las paradas de buses en barrios y colonias de todo el departamento de San Salvador, que cuenta con una población de 1,8 millones de habitantes, mientras que en las calles circulaban carros artillados de la Fuerza Armada y patrullas policiales.
“Se va restableciendo el servicio, pero nosotros continuaremos brindando transporte hasta que el problema haya pasado en su totalidad. Además, vamos a mantener la seguridad al transporte durante el tiempo que sea necesario”, aseguró el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
García explicó que algunas empresas que cubren rutas en la zona sur de San Salvador y entre la capital y ciudades en el oriente del país, como San Miguel y La Unión, todavía no reanudan sus labores, pero “se está conversando con los empresarios para que lo hagan a la brevedad”.
En zonas donde aún no se restablece el servicio de transporte público, las personas se trasladaban en camiones, explicó el funcionario.
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Siete choferes han sido asesinados desde el domingo por desafiar el boicot, de acuerdo con la Policía Nacional Civil.
Que los incluyan. Los jefes pandilleros demandan formar parte de una comisión integrada por diversas instituciones públicas y sectores sociales, y encabezada por el Gobierno, que analiza opciones frente al grave problema de la violencia de la que esas mismas pandillas son responsables en buena medida.
El presidente Salvador Sánchez Cerén, quien desde el miércoles se encuentra en Cuba para efectuarse un chequeo médico, responsabilizó del boicot al transporte de pasajeros a la pandilla Barrio 18 y dejó claro que no dialogará, bajo ninguna circunstancia, con los grupos criminales que azotan al país. De enero a junio del 2015, 2.865 personas fueron asesinadas por estas pandillas. En el 2014 fueron 1.840.
