Oposición denuncia captura de 13 activistas en Nicaragua
Intentaban entregar ayuda humanitaria a familias de opositores presos; la Policía no ha confirmado la versión
Martha Lorena Alvarado, mother of jailed anti-government demonstrator Melkkisedex Antonio Lopez, holds a sign with an image of her son at the San Miguel Arcangel Church in Masaya, Nicaragua, Thursday, Nov. 14, 2019. Alvarado has joined a hunger strike to demand the freedom of their relatives, jailed for protesting against the government of President Daniel Ortega. (AP Photo/Alfredo Zuniga) Alfredo Zuniga
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El sacerdote Edwin Román intentó convencer a la Policía para que permitiera a familiares de opositores detenidos ingresar al templo de San Miguel Arcángel, en Masaya, el jueves 14 de noviembre del 2019. (Alfredo Zuniga/AP)
Managua. La oposición de Nicaragua denunció el viernes la detención de 13 activistas, entre ellos la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, cuando intentaban entregar ayuda humanitaria a familiares de opositores presos en huelga de hambre en una iglesia de la ciudad de Masaya.
Haydeé Castillo, dirigente de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo a The Associated Press que el grupo fue “injusta y arbitrariamente” arrestado por la Policía en Masaya, a 27 kilómetros de Managua, al tratar de ingresar la noche del jueves a la iglesia San Miguel Arcángel, donde la víspera comenzó el ayuno que busca presionar al gobierno de Daniel Ortega para que excarcele a unos 130 reos a los que la oposición considera presos políticos.
“Condenamos esta captura y pedimos a la comunidad internacional que actúe para frenar la represión del gobierno de Daniel Ortega”, afirmó Castillo. Afirmó que los detenidos fueron llevados a la cárcel El Chipote, en Managua, y que entre ellos están miembros del consejo político de la UNAB y otros jóvenes activistas.
El grupo se había movilizado en una caravana hacia Masaya para llevar agua a los huelguistas reunidos en la iglesia, en su mayoría mujeres, después de que el suministro de agua y energía eléctrica fue interrumpido, según denunció el párroco Edwin Román.
Román declaró telefónicamente que él permanece dentro del templo con los huelguistas. “Somos rehenes de la Policía, estamos rodeados y sitiados sin posibilidad de salir ni acceso para otras personas", manifestó.
Por su parte, Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, no gubernamental), expresó su “total condena” a la detención de los opositores y al “arbitrario sitio de la parroquia” de San Miguel.
Cuevas informó de que un equipo de la CPDH se trasladó a la cárcel El Chipote y otro a Masaya para conocer la situación. “Ambas acciones son injustificadas, pues no se puede arrestar a personas por asistir a otras que ejercen su derecho a la huelga de hambre y que ahora podrían morir de inanición”, afirmó.
Añadió que una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja había anunciado el jueves que visitaría a los huelguistas en Masaya, pero hasta ahora no se ha presentado en el lugar. “Deberían hacerlo, porque es obligación del CICR supervisar este tipo de situaciones”, comentó.
La Policía de Nicaragua no ha confirmado la detención de los 13 opositores, entre quienes figura Coppens, una conocida activista que estuvo encarcelada durante un año por participar en protestas antigubernamentales.
Martha Lorena Alvarado, madre de Melkkisedex Antonio López, quien está detenido, mostró una foto de este en la iglesia de San Miguel Arcángel, en Masaya, el jueves 14 de noviembre del 2019. (Alfredo Zuniga/AP)
Tamara Zamora, madre de Coppens, aseveró que las autoridades policiales de El Chipote le confirmaron que su hija está entre los arrestados.
El gobierno afirma que los opositores son grupos golpistas y terroristas que en el 2018 promovieron un fallido golpe de Estado para desalojar a Ortega del poder.
AP solicitó una declaración al gobierno, pero no obtuvo respuesta.
Nicaragua vive una crisis que estalló con las protestas sociales de abril dle 2018 y que dejó al menos 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos -en su mayoría excarcelados- y unos 88.000 emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
