La iniciativa, propuesta fundamentalmente por miembros del Grupo de Lima (compuesto por una docena de países latinoamericanos y Canadá) y apoyada por la Unión Europea, fue adoptada por el Consejo en Ginebra por 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones.
Entre los votos en contra están los de Cuba, mientras que Uruguay y México se abstuvieron.
La resolución pide que esta misión, cuyos miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, sea “enviada urgentemente” a Venezuela.
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Su misión será investigar “casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura (...) y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ocurridos desde el 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas”, reza el texto aprobado.
Tras conocer el resultado de la votación, el embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió de que su país no cooperará con esta misión.
“La imposición de mecanismos de monitoreo adicionales no contará jamás con el consentimiento de mi país”, afirmó.
Esta decisión se produce un día después de que Venezuela lograra la adopción de otra resolución en el Consejo sobre "el fortalecimiento de la cooperación" en el ámbito de los derechos humanos con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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El martes, Bachelet anunció la firma de un acuerdo con Venezuela destinado a aumentar la cooperación en materia humanitaria, y que tenía entre sus objetivos, abrir una oficina permanente en ese país. A la espera de que esto ocurra, Venezuela aceptó "la presencia continua" de dos responsables del Alto Comisionado en Caracas.
En un severo informe presentado el 9 de setiembre en Ginebra, Bachelet denunció torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, pero hasta ahora no había pedido una investigación, al contrario que su predecesor, Zeid Ra’ad al Hussein.
Venezuela dice no
La resolución "insta a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión y le brinden acceso inmediato y sin trabas”.
Si Venezuela no autoriza su presencia, los investigadores de la ONU podrían trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de Naciones Unidas que investigan los abusos en Siria o Birmania. En ese caso, los investigadores se basan sobre todo en testimonios de refugiados.
"Sin duda alguna (la resolución) busca entorpecer el relanzamiento de las relaciones de cooperación y de asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del Alto Comisionado. Razón por la cual está destinada al fracaso", agregó Valero.
La misión tendrá que enviar un informe sobre los resultados de sus trabajos durante la 45.° sesión del Consejo, en setiembre del 2020.
"Este proyecto de resolución puede incidir negativamente en los procesos de diálogo que se desarrollan entre los principales actores políticos del país", aseveró Valero, al referirse a conversaciones iniciadas por el presidente Nicolás Maduro con un sector minoritario de la oposición, que no incluye a Juan Guaidó, principal adversario del gobierno.
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El embajador británico ante el Consejo, Julian Braithwaite, consideró que la resolución era "proporcionada y necesaria".
En nombre de la UE, el representante danés, Morten Jespersen, declaró que "la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y el desmantelamiento de las instituciones democráticas tienen que ser tratados de forma urgente".
"La única solución duradera es una solución pacífica y democrática, que conduzca a elecciones presidenciales", agregó.
Venezuela, que enfrenta la peor crisis económica y política de su historia reciente, está enfrascada en un conflicto que se avivó en enero cuando Guaidó se declaró presidente interino y fue reconocido por más de 50 países.
Maduro fue reelegido en el 2018 en unas elecciones consideradas ilegítimas por la oposición y parte de la comunidad internacional. Pese a tener las mayores reservas petroleras del mundo, en Venezuela faltan alimentos, medicinas y servicios básicos.
La situación, agravada por la hiperinflación, ha llevado a 3,6 millones de personas a abandonar su país desde el 2016, según datos de la ONU.
