En la capital, la jornada reunió temprano a manifestantes frente a los tribunales, los taxistas protestaron contra el cobro de peajes dentro de la ciudad y luego la protesta se hizo multitudinaria alrededor de la céntrica plaza Italia, donde se registraron algunos incidentes aislados con la Policía.

“La lucha sigue pero tenemos que levantar el país, a nadie le conviene que caigamos en picada”, manifestó Olga Pérez, una contadora que acudía a su trabajo después de una hora y media de viaje en autobús desde su casa.

"Esto aún no termina" es el lema para las protestas que convocan para esta semana en Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta este estallido social sin precedentes, que sorprendió a un poder político que todavía no sabe cómo controlar la crisis.

LEA MÁS: Estudiantes de secundaria llevan voz cantante de protestas en Chile

Las protestas cuestionan un Estado ausente en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado, donde una minoría controla la riqueza del país. De esta manera se han multiplicado las voces de izquierdas y derechas que piden cambiar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El presidente Sebastián Piñera, que canceló la organización de la APEC y la cumbre de clima de la ONU COP-25 previstas para pocas semasn más en Santiago, afirma que prefiere antes que nada "un diálogo amplio".

Una encuesta de Cadem divulgada el domingo, reveló que un 87% está a favor de que se cambie la actual Constitución.

Piñera paga con una caída estrepitosa de popularidad sus errores y tropiezos en la gestión de la crisis desde el primer viernes de protestas violentas.

En un fin de semana de saqueos e incendios de infraestructuras y desmanes, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a las calles e impuso un toque de queda, todas medidas que se pensaban sepultadas desde la época de mano dura de Pinochet.

Cae popularidad, economía herida

Con 13% de aprobación, según Cadem, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile, en 1990.

Este lunes se conoció que la economía chilena creció 3% en septiembre en comparación a igual mes del año anterior, completando su mejor trimestre del año, pero tras el estallido social el gobierno prevé una baja en las cifras de aquí a fin de año, con una caída de hasta 0,5% en octubre.

“Lo que nosotros esperamos para el cuatro trimestre es una situación completamente distinta producto de los eventos que todos hemos conocido”, afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) indicó que el 46% de las empresas del sector ha sufrido daños directos y han enfrentado costos por menores ventas.

Abusos en la lupa

Activistas, encabezados por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, emplazaron el lunes al presidente Piñera a frenar las "graves y sistemáticas" violaciones a los derechos humanos denunciadas en el marco de la crisis, pese a voces locales que descartan un plan represor.

Las protestas dejaron 20 muertos, cinco de ellos a manos de agentes del Estado y se reportan unos 150 manifestantes con heridas oculares por el uso de perdigones en las manifestaciones callejeras.

Esta crisis empezó con una protesta estudiantil contra el alza de tarifa del metro de Santiago, pero destapó un profundo descontento de las clases trabajadora y media, que ven sus expectativas incumplidas en un sistema que promueve el endeudamiento para salir adelante.

Hasta ahora se trata de un movimiento heterogéneo, sin banderas políticas ni liderazgo identificable.

LEA MÁS: Multitudes en las calles mantienen presión al gobierno de Chile

Rutina anormal

Las actividades se reanudaron en Santiago y las principales ciudades del país aunque los chilenos están atentos a las manifestaciones masivas que se convocan en redes.

El Metro de Santiago, que transportaba unos 2,6 millones de pasajeros en días laborales, alargó sus horarios hasta las 8 p. m. (hora local), y se recupera de a poco tras sufrir graves daños en 118 de sus 136 estaciones, entre ellas 25 incendiadas, sobre todo en zonas muy pobladas y de clase trabajadora.

Los daños en esta red subterránea, una de las más modernas en la región, se estiman por encima de $350 millones. Los desmanes en pymes y comercios, además de las infraestructuras públicas, superan los $900 millones, según cifras oficiales.