Justicia de Venezuela ordena investigación contra el Parlamento

Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó este miércoles a la Fiscalía investigar penalmente a los integrantes del Parlamento, de mayoría opositora, al acusarlo de usurpar las funciones del presidente Nicolás Maduro, anunció la corte.

"Se exhorta al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos (...), para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional", señaló el TSJ en una declaración leída ante la prensa.

El pronunciamiento del tribunal -de línea oficialista- se dio minutos antes de que el jefe del Poder Legislativo, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente encargado de Venezuela y asumiera las competencias de Maduro, a quien el Congreso declaró usurpador e “ilegítimo” el 15 de enero.

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Guaidó juró ante miles de opositores, que este miércoles marcharon en Caracas para presionar por un "gobierno de transición" que convoque a elecciones.

El TSJ considera que las recientes decisiones del Parlamento, en las que declaró la ilegitimidad de Maduro y aprobó una amnistía para militares que cooperen con el gobierno de transición, constituyen un "acto de fuerza que pretende derogar la Constitución".

Para ser enjuiciados, los diputados deben ser despojados antes de su inmunidad, un proceso que requiere la aprobación del Parlamento, que en la práctica ha sido reemplazado por una Asamblea Constituyente completamente oficialista.

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Tras autoproclamarse, Guaidó dijo a periodistas que no teme ser detenido y tildó a los jueces del TSJ como dirigentes del partido de gobierno “disfrazados de magistrados”.

“Temo por nuestra gente que la está pasando mal”, afirmó, refiriéndose a la grave crisis económica del país petrolero.

La sala penal de la corte ratificó la "inconstitucionalidad de las acciones del Poder Legislativo", cuyas decisiones anula sistemáticamente desde 2016 cuando lo declaró en desacato.

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“Esta sentencia, al igual que toda las que ha dictado el TSJ, pretende clausurar de facto a la Asamblea Nacional por vía de la inhabilitación para el ejercicio de sus competencias”, manifestó el constitucionalista Juan Manuel Raffalli.