Caracas. Desde enero, la oposición de Venezuela considera que es el presidente legítimo del país.
Juan Gerardo Guaidó es un ingeniero de 35 años, nacido en el puerto de La Guaira, muy cerca de Caracas.
En conversación con El País ratificó que no participará de un diálogo con Nicolás Maduro, se mostró extrañado con la postura uruguaya, dijo que hay 300.000 venezolanos en riesgo de morir de hambre y avisó que sería legal una intervención militar extranjera para asegurar la entrega de ayuda humanitaria. Ofrece garantías a los militares aún leales a Maduro.
– Uruguay, México y la Caricom insistieron en Montevideo en pedir un diálogo inmediato sin condiciones. ¿Participaría de ese diálogo usted?
– Nuestra decisión es no participar en esa iniciativa. La razón es la siguiente: las fuerzas democráticas venezolanas ya hemos participado en esfuerzos de diálogo, negociación y acuerdo en varias oportunidades con el régimen de Nicolás Maduro. Lo hemos hecho dentro y fuera de Venezuela, de manera privada, y también públicamente. Solos y con acompañamiento internacional. En la última ocasión entre los meses de diciembre del 2017 y enero del 2018 en la República Dominicana con el apoyo del presidente de ese país, Danilo Medina, quien se comprometió mucho en ese intento, y con la presencia de los cancilleres de México y Chile. Ellos son testigos de excepción de lo ocurrido.
"La consecuencia invariablemente en todos esos procesos ha sido la misma: el incremento de autoritarismo del régimen y de la represión. Al final de cada proceso de diálogo hay más presos políticos y menos derechos para los ciudadanos venezolanos. Es decir, una situación en la cual Maduro y la cúpula que lo rodea no solo no ceden nunca en nada, sino que además aprovechan esa circunstancia para blindar aún más la dictadura.
"Como se comprenderá, nosotros no podemos prestarnos a una nueva maniobra de ese tipo. Si Maduro hubiese querido facilitar un diálogo podría haber liberado a los presos políticos. No lo ha hecho; por el contrario, hoy el diputado Juan Requessens permanece privado de su libertad sin juicio, violando su fuero parlamentario y la voluntad de sus electores.
"Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, ha debido exiliarse por la persecución, precisamente luego del intento de negociación en República Dominicana; otro diputado, mi compañero de Voluntad Popular, Gilbert Caro, pasó varios meses detenido y Leopoldo López sigue en prisión domiciliaria. Hay otros casos de presos por causas políticas con más de tres lustros tras las rejas.
“Para dejarlo muy claro: nuestra posición es que cualquier acuerdo que no tenga previsto el cese de la usurpación, será considerado una medida dilatoria para mantener a Maduro usurpando el poder”.
– ¿Qué opina del papel que ha venido jugando Uruguay?
– Nos ha extrañado mucho su actitud, no ha formado parte del Grupo de Lima, constituido en agosto del 2017. La voz de Uruguay en ese esfuerzo diplomático latinoamericano podría haber sido muy útil. Tampoco su gobierno ha condenado el golpe de Estado en el que incurrió Maduro al desconocer la voluntad de los electores venezolanos que eligieron a la Asamblea Nacional y cuando convocó su Constituyente corporativa, ni ha condenado la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Tratándose de un país al que tenemos en alta estima, Uruguay ha hecho falta en ese esfuerzo por defender la causa de la democracia.
– ¿Qué hará la oposición si Maduro no deja entrar ayuda humanitaria?
– El ingreso de ayuda humanitaria pretende atender la vulnerabilidad y peligro de muerte de más de 300.000 venezolanos, que pueden morir en las próximas semanas si no se les garantiza acceso pronto a medicamentos y alimentos. Por lo tanto, la intención es garantizar el acceso de insumos que permitan atender a esta población de la manera que sea necesaria. Incluso si eso significa movilizar a cientos de miles de venezolanos a territorio cercano a los puntos de acopio.
– El expresidente uruguayo José Mujica dice que se acorrala a Maduro y no se le dan “incentivos” para irse.
– Los cuatro principales partidos políticos democráticos en Venezuela están inhabilitados. Lo mismo ocurre con sus principales líderes. Desde el 23 de enero pasado a esta parte más de 800 venezolanos han sido detenidos, incluyendo a 84 menores. Han ocurrido más de 40 asesinatos por parte de los cuerpos de represión que aún son leales a Maduro.
"Entre el 2015 y el 2017 se sustanciaron en más de 9.200 el número de ejecuciones extrajudiciales por parte de la máquina represiva, más de tres veces el número de desaparecidos en Chile durante la dictadura militar de Pinochet. Hay más de 4 millones de venezolanos que se han ido del país por razones económicas, huyendo de la violencia por persecución política. Eso lo ha hecho la dictadura de Maduro.
“¡Por favor! Maduro se debe ir porque él es el obstáculo para superar esa situación y porque desde el 10 de enero se encuentra usurpando la Presidencia de la República. La comunidad democrática de países ha sido clara en hacer este señalamiento. El incentivo principal para irse es que no cuenta con reconocimiento interno, ni externo. Sin embargo, para evitar prolongar el conflicto más de lo necesario, siendo que millones de venezolanos sufren la crisis cada hora de este conflicto, estamos dispuestos a darle todas las garantías que solicite, siempre y cuando los acuerdos produzcan su salida efectiva del poder. Nuestra disposición siempre ha existido en procesos electorales y de diálogo previos. Estas garantías no solo están orientadas a Nicolás Maduro, sino también al alto mando de su régimen”.
– ¿Qué papel siente que juegan en la crisis venezolana Rusia y China?
– Si hay gobiernos que son testigos directos del grado de destrucción y saqueo al que ha sido sometida Venezuela son los de China y Rusia. En el caso de China, más allá de cierta afinidad política, ha mantenido una prudente distancia. El interés de su gobierno y de sus empresas es que el nuevo gobierno venezolano respete sus inversiones y honre sus préstamos. En declaraciones a medios de comunicación de Asia hemos dicho que Venezuela honrará todos los compromisos externos que se hayan contraído legalmente y respetaremos las inversiones extranjeras en pie de igualdad.
“Rusia, por su parte, sí ha sido más activa, sobre todo en el plano del apoyo diplomático y militar, aunque debo decir que en los últimos días hemos recibido de su gobierno señales positivas. Independientemente de la opinión que se puede tener del mismo, el Gobierno ruso es pragmático y nosotros apostamos a que prime el sentido común. El régimen de Maduro ha incumplido con ellos, y demostrado que no puede proteger sus inversiones en Venezuela. El suyo es un régimen podrido por dentro y sin perspectivas”.
– ¿Hay un riesgo de intervención militar estadounidense si la crisis se prolonga?
– En Venezuela ya existe una intervención extranjera con presencia de cientos de efectivos de nacionalidad cubana en las Fuerzas Armadas. También hay presencia del ELN y de las FARC de Colombia. El núcleo del conflicto político es que ha ocurrido un golpe de Estado, liderado y ejecutado por Nicolás Maduro, quien detenta de facto la investidura de “presidente”.
"Nosotros rechazamos absolutamente que se solucione este conflicto de manera violenta, pero como dijo Nelson Mandela, ‘el terreno de la lucha no lo decide el oprimido, sino el opresor’. En este caso, si fuera requerida una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, y proteger la vida de nuestros ciudadanos, existe la atribución legislativa taxativa de aprobar una acción así por parte de la Asamblea Nacional (Artículo 187 de la Constitución de la República de Venezuela).
“Desde la perspectiva humanitaria, de prolongarse la crisis se estima qué más de 300.000 venezolanos morirán, y muchos más se verán obligados a migrar. La doctrina “Responsabilidad para proteger” adoptada por la ONU es clara, y otorga a todos los países la responsabilidad de actuar en protección de la vida humana en cualquier territorio, en el escenario que sean previsibles pérdidas humanas considerables. Queda de parte de la comunidad internacional, y de actores como Colombia, Brasil y EE. UU. definir si en el escenario de que se prolongue la crisis y la ayuda humanitaria resulte inefectiva o insuficiente, adoptarán una posición de tolerancia ante estos hechos”.