El gobierno de Nicolás Maduro impide que el diario venezolano El Nacional realice cualquier tipo de operación ante el Registro Público, lo que incluye la venta, cesión o traspaso de bienes. Esta medida fue calificada como una arbitrariedad y carece de fundamento legal, según denunciaron sus representantes.
“Ni a Miguel Henrique Otero como persona natural ni a El Nacional como persona jurídica se les permite hacer ningún tipo de operación ante el Registro Público. No pueden vender, no pueden ceder, no pueden traspasar, etc. Esto es una verdadera arbitrariedad porque no existe ninguna situación jurídica que así lo obligue”, denunció Juan Garantón, abogado del diario.
Garantón sostuvo que la medida no tiene fundamento legal e insistió en que se trata de una arbitrariedad. “Esto no tiene sentido. Más allá de cualquier situación jurídica, se trata de una arbitrariedad porque no hay nada fundamentado que lo justifique”, resaltó.
Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, recordó que a esta nueva arremetida se suma que desde al menos seis años el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueado el portal del periódico.
“El régimen no solo ha bloqueado y censurado a El Nacional. Hay un doble castigo porque además hay el bloqueo en las notarías y en los registros. El Nacional tiene prohibición de registrar cualquier trámite. Sin ningún tipo de justificación”, dijo Otero.
El ataque al diario se mantiene
El Nacional denunció el lunes 17 de febrero del 2022 que el Tribunal de primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas entregó de manera ilegal la sede y los terrenos sobre los que se encuentra construido el edificio del medio a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, como parte de una condena por supuestos daños morales.
Situación que Otero volvió a recordar.
“A nosotros nos quitaron nuestra sede por simplemente una demanda de supuesta difamación de Diosdado Cabello que el Tribunal Supremo de Justicia ejecutó sin que hubiera ningún tipo de notificación de cobro ni de ningún tipo. Simplemente se presentaron con el Ejército y tomaron el edificio. Y ordenaron bloquear en las notarías y registros todo documento que tenga que ver con El Nacional”, agregó Otero.
En aquel entonces la decisión la ratificó la jueza Lisbeth Amoroso Hidrobo, quien es hermana del contralor general de Nicolás Maduro, el 27 de enero del 2022, a espaldas del medio de comunicación y en un proceso que El Nacional calificó como “irregular y clandestino” en un comunicado, ya que no permitió un debido proceso legal en el que el reconocido periódico pudiera defenderse.
Se trató de un irregular y clandestino remate judicial que se realizó sin haberse publicado en los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas, y sin la presencia de testigos.
LEA MÁS: Justicia de Venezuela entrega sede de diario ‘El Nacional’ a Diosdado Cabello
Continuación de condena
La sentencia de 2022 y las repercusiones actuales son calificadas como la continuación de un proceso iniciado con el diario desde el 11 de agosto de 2015.
Este proceso se relaciona con la publicación de un artículo del rotativo español ABC, donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Diosdado Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En aquel momento, Cabello demandó a El Nacional y también llevó a los tribunales al diario Tal Cual y a La Patilla por lo mismo. “Ya basta de que usen los medios de comunicación para destrozarle la vida a quien no les caiga bien y como medio de chantaje. ¡Que se haga justicia!”, dijo en el 2015.
Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, describió la estrategia en una entrevista concedida a este medio en 2015, cuando se conoció la demanda interpuesta por Cabello: “El régimen del chavismo tiene un objetivo que ellos llaman hegemonía comunicacional; es el modelo cubano a largo plazo. Para eso, han silenciado, comprado o cerrado la mayoría de los medios. En nuestro caso, hemos resistido y seguimos resistiendo”.
El proceso se extendió. Desde el 31 de mayo de 2018, año en que el periódico suspendió su edición impresa por falta de papel y por la aguda crisis política, institucional y socioeconómica de Venezuela, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia definitiva. Declaró con lugar la demanda de daño moral y condenó a El Nacional al pago de 1.000 millones de bolívares como indemnización.
También ordenó la indexación judicial del monto condenado, lo que representaría miles de millones de bolívares.
Para Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, la sentencia no solo constituyó una violación a la libertad de expresión y a los Derechos Humanos, sino que también violó la Constitución y la ley del Banco Central de Venezuela, que establecen que el bolívar es la moneda de curso legal.
Continuando la disputa, en diciembre de 2019, Cabello arremetió nuevamente contra El Nacional. Aseguró que sería dueño del periódico y que convertiría la sede en una universidad de la comunicación.
“El Nacional tiene un edificio sede extraordinario para una universidad. Apenas tenga la sentencia, me dicen dónde firmar para entregar el edificio para la Universidad Internacional de la Comunicación que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro”, manifestó.
El proceso avanzó y en 2021 la justicia venezolana impuso una millonaria multa al periódico por difamación contra Cabello.
“Se trata del desprecio público que se generó en contra de la persona difamada, que lo afectó en su esfera personal y familiar, así como frente a su entorno social en general, viéndose sometido al escarnio público sin justificación alguna. Lo que hace que esta Sala de Casación Civil lo califique como un daño moral gravísimo”, indicó la sentencia.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro ordenó al diario El Nacional el pago de 237.000 petros, equivalentes a poco más de $13 millones –calculados al momento del pago– como indemnización por daño moral al número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Cada petro equivale a $56,40, aproximadamente.
Así, en 2022, el medio perdió su sede. Y en 2024, continúa en su lucha contra el hostigamiento del gobierno venezolano mientras el director del diario asegura que: “no hay prensa libre” en Venezuela.
Colaboró Damián Arroyo C.