“Un debate que permita actualizar la Constitución de la República es lo que plantea el gobierno de El Salvador para superar algunos anacronismos que cimentaron la actual Carta Magna”, señaló la Presidencia en un comunicado.
Según el gobierno, la Constitución, escrita en 1983, "tiene errores, contradicciones y vacíos", que ha tenido que corregir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un debate sobre enmiendas a la Ley Fundamental abre “escenarios favorables” para revisar cómo se eligen funcionarios de segundo grado, entre ellos los encargados de dirigir la Fiscalía General, la Corte de Cuentas (contraloría) y jueces de la CSJ.
El gobierno también pretende incorporar a la futura Constitución el derecho humano al agua, la democratización del sistema político y electoral, y la modernización de la institucionalidad.
El presidente Nayib Bukele delegó en el vicepresidente Félix Ulloa, abogado de profesión, la tarea de coordinar las propuestas para la reforma.
La idea es que participen del debate los partidos políticos, sociedad civil, académicos, gremios profesionales, iglesias y organizaciones de todas las corrientes, según el comunicado.
El gobierno de Bukele aclaró que “no hay ninguna propuesta de reformar y cambiar el sistema político (republicano) del país, el sistema de gobierno y mucho menos eliminar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia”.
La Constitución establece que una reforma de su contenido debe ser propuesta por al menos 10 diputados, de los 84 que componen el Parlamento.
Especifica que una reforma debe ser aprobada por el Congreso con los votos de la mitad más uno de los diputados, y debe ser ratificada por el siguiente Parlamento con los sufragios de al menos dos tercios de los legisladores.
El Salvador elegirá el 28 de febrero del 2021 a los miembros de la próxima Asamblea Legislativa, así como los alcaldes de los 262 municipios.
