El gobierno del presidente Mauricio Funes negoció a inicios de marzo del 2012 un pacto con los líderes de las pandillas para reducir la cifra de homicidios.
El acuerdo incluyó que 30 cabecillas de los grupos Mara Salvatrucha y Barrio 18 fueran trasladados de una cárcel de máxima seguridad a una de menor seguridad para que pudieran retomar la autoridad de sus pandillas y poner en marcha el acuerdo con el Ejecutivo.
La tregua, como se le conoce a este proceso, tuvo un impacto inmediato. A partir del 9 de marzo del 2012, la cantidad de muertes por homicidios empezó a bajar con contundencia. En ese entonces, los asesinatos en uno de los países más violentos del mundo disminuyeron, en promedio, un 60%.
En la iniciativa participaron el exguerrillero Raúl Mijango y Fabio Colindres, capellán del Ejército al momento del acercamiento. Ambos cumplían el papel de mediadores. Mientras tanto, David Munguía Payés, quien se desempeñaba como ministro de Seguridad, era el representante del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El proceso, que inicialmente trató de manejarse con reserva y provocó mucha polémica cuando salió a la luz pública, contó con el aval de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La tregua llegó a su fin en el 2013 cuando Funes relevó de la cartera de Seguridad a Munguía Payés ante el descontento popular por negociar con pandillas.
Un año después, el proceso terminó de ser enterrado con la llegada de Salvador Sánchez Cerén al poder, también del FMLN.
La política impulsada por el mandatario consiste en aplicar mano dura contra las pandillas al aislar a sus líderes y enviar a las calles a militares y policías con entrenamientos especializados.
El periodista Paolo Lüers también vivió de cerca la tregua. A petición de Mijango, Lüers participó en todo el proceso y aunque al inicio su misión consistía en escribir una memoria sobre lo que pasaba en las negociaciones, con el paso del tiempo se involucró aún más y en algunas ocasiones también ejerció funciones de mediación.
Para él, el Gobierno ha asumido un papel radical con respecto a la tregua y duda que la estrategia de combatir violencia con violencia tenga como resultado un buen desenlace.
“Es una posición bastante extrema sobre la tregua. Tratan de penalizar la labor de los mediadores”, dice Lüers.
Una de las principales acusaciones del actual Gobierno contra el proceso es el fortalecimiento de las pandillas.
Al respecto, Lüers admite que los grupos se reforzaron, pero considera que era la vía exclusiva para negociar con ellos.
“Fue una decisión consciente en el sentido que era la única forma de implementar la tregua. La única forma de hacerlo era devolverles el mando”, argumentó.
Recientemente, en medio de los ánimos crispados, la Fiscalía ordenó la captura de 21 personas ligadas al proceso de paz.
Mijango fue uno de los detenidos. El lunes salió de la cárcel por decisión de un tribunal para que sea juzgado en libertad.
Munguía Payés es acusado de permitir la muerte de policías ante el rearme de las pandillas.
El fiscal, Douglas Meléndez, le dijo el diario El País , que “la negociación no es un delito pero que durante esta se cometieron actos ilícitos” como introducir teléfonos celulares en las cárceles o permitir fiestas con prostitutas.
Menos muertes. El Salvador empezó el 2016 con 738 homicidios. La tendencia se mantuvo hasta abril cuando la cifra bajó a 352 muertes y siguió vigente en mayo con el reporte de 351 decesos.
El presidente salvadoreño sustenta la disminución de asesinatos en el resultado del manodurismo. Al otro lado, las pandillas lo atribuyen al alto el fuego que pactaron desde marzo .
En tanto, la guerra continúa entre las maras y el Gobierno que optó por la violencia como una de las salidas al conflicto .
