“Varios choques están afectando a la economía nicaragüense. La inestabilidad política desde abril afectó la confianza de consumidores e inversionistas”, señaló el organismo en un comunicado emitido tras una visita de sus representantes a Managua, entre el 24 al 30 de octubre.
De acuerdo con el FMI, la caída de 4% del producto interno bruto (PIB) será consecuencia de la baja del “ingreso disponible”, causada por los menores niveles de empleo, financiamiento, consumo e inversión.
Igualmente, el organismo proyectó que el déficit del sector público consolidado aumentará un 2,4%, hasta el 4,6% del PIB.
El FMI también advirtió que "la caída en el empleo del sector formal, la reducción en la inversión extranjera directa, y la disminución en el crédito al sector privado podrían contribuir a exacerbar los efectos de estos choques".
La crisis originada por las protestas de opositores al gobierno de Daniel Ortega, cuya represión dejó más de 320 muertos, ha provocado la pérdida de 100.000 empleos, según el gobierno, aunque economistas independientes estiman una cifra cercana a 350.000.
El FMI dijo que la crisis afectó a los sectores de transporte, comercio y servicios, pero que "el turismo y la construcción experimentan efectos más duraderos debido a la reducción en la demanda".
Aún así, el organismo consideró positivos los esfuerzos del gobierno para apoyar el mantenimiento de la liquidez en los bancos comerciales y contener la expansión del gasto público para compensar parcialmente la pérdida de ingresos fiscales.
En 2019, Nicaragua encara el desafío de "preservar la estabilidad macroeconómica y financiera", lo que requerirá "restablecer la confianza del sector privado", dijo el fondo.
Además, según este criterio, el país debe evitar "el deterioro en la calidad de los activos, la contracción del crédito y las salidas de depósitos" bancarios.
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De acuerdo con datos oficiales, el sistema financiero nicaragüense registró una fuga de depósitos de $1.260 millones entre abril y setiembre por la incertidumbre política en el país.
La vicepresidenta, Rosario Murillo, dijo que su gobierno coincide "plenamente en que esta estabilidad macroeconómica y financiera debe seguirse preservando".
El informe señala "que estamos en la dirección correcta para mantener la estabilidad económica y sentar las bases que contribuyan a la normalización" tras las protestas, agregó Murillo.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Aguerrí, dijo que mientras no cese la represión y no exista voluntad de negociación política por parte del gobierno para buscar una salida a la crisis, no se podrá recuperar la confianza.
