Entre los arrestados figura el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, y su predecesor, Carlos Enríquez Muñoz, a quienes se acusa de realizar cobros ilegales a empresarios y usuarios de los distintos servicios aduaneros del país.
Hasta ahora, se ignora el monto de la defraudación al fisco, pero se conoce que se decomisaron más de $700.000 en los diferentes allanamientos.
El Ministerio Público acusa a los detenidos de delitos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanero y defraudación tributaria.
En una conferencia de prensa –el viernes–, el mandatario aseguró que esa operación deriva de una petición del gobierno local, preocupado por la defraudación tributaria y la baja recaudación de impuestos de la SAT.
Pérez Molina recalcó en desvincular esta desarticulación con la posible continuidad o no de la Cicig, cuyo mandato expira en setiembre y respecto al cual afirmó que no aceptaría “chantaje” del exterior para mantener esa misión de apoyo a la Justicia.
Ninguna responsabilidad. Por otra parte, el gobernante marcó distancia en el escándalo y se excluyó de toda responsabilidad, no obstante la vinculación de altos funcionarios o personalidades de su gobierno con el caso, entre ellos Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según el presidente, Monzón –sobre quien hay orden de captura–, fue destituido por Baldetti y viajará a Guatemala para “ponerse a disposición de la Justicia” y dar explicaciones.
Baldetti, a su vez, arguyó no tener conocimiento del asunto.
Pérez Molina adujo el viernes que, para el Gobierno, era imposible saber “qué hacen (los funcionarios) a la espalda de uno o en sus tiempos libres” y dijo que fue un error haber confiado en los sospechosos aprehendidos.
Apuntó que el error del Gobierno pudo haber sido “confiar en las personas”, pero que es imposible saber .
Sí reconoció que cuando aceptó a Omar Franco –a finales del 2014– para encargarse de la dirección de la SAT, vio en él “calidades y cualidades que podrían esperar de un superintendente” de dicho organismo.
“Si no, no lo hubiera nombrado”, proclamó el mandatario, quien incidió en que la SAT es un organismo independiente, con una legislación orgánica propia, por lo que los cargos no son dictados por el gobierno guatemalteco, que solo confirma a los que le proponen.
Según la Cicig, la red no solo estaba implicada en el contrabando y en la defraudación aduanera, sino también en la colocación de funcionarios superiores en la Superintendencia de Administración Tributaria.
Distintos organismos han expresado apoyo a la investigación.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) abogó por la continuidad de la Cicig para acabar con la “significativa penetración” de grupos criminales en las instituciones públicas.
Instó a devolver la SAT a la ciudadanía como una entidad “transparente y efectiva”.
