Durante los próximos 10 años los 38 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijarán las penas para los responsables de “graves y masivas violaciones de derechos humanos” y del Derecho Internacional Humanitario, como matanzas, desplazamientos forzados y violaciones, según su presidenta Patricia Linares.
La JEP, que podrá prorrogar sus funciones por otros cinco años, abrió al público su sede en Bogotá con lo que comenzó “a desarrollar la enorme responsabilidad de cerrar las heridas del conflicto armado”, indicó el organismo en un comunicado.
Los magistrados nombrados por un comité de expertos europeos y de la ONU, así como por juristas colombianos, seleccionarán los casos más graves que involucran principalmente a exguerrilleros y agentes del Estado.
Suscrito a finales del 2016, el acuerdo de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.
La JEP revisará las confesiones de culpabilidad y, si concuerdan con las investigaciones judiciales, impondrá condenas alternas que irán de los cinco a los ocho años y que podrían, por ejemplo, obligar a un exguerrillero a ayudar durante este tiempo a una comunidad afectada por sus acciones.
Aquellos que mientan o no confiesen todos sus delitos podrán recibir condenas de hasta 20 años de cárcel.
La derecha, vencedora en las legislativas del 11 de marzo tras liderar la victoria en un plebiscito que obligó a renegociar algunos puntos del pacto de paz, cuestiona duramente este sistema de justicia restaurativa.
Básicamente se opone a que los jefes rebeldes que sean hallados culpables no paguen un solo día de prisión y, sin embargo, puedan ejercer la política.
Pese a las críticas, el presidente Juan Manuel Santos celebró la entrada en funcionamiento de la JEP.
Y confió en que “en el largo plazo el país pueda sanar sus heridas y respetar y cumplirle a las víctimas sus derechos a la reparación, a la Justicia”.
Además de la JEP, el sistema pactado por el Gobierno y el ahora partidoFuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) incluye una Comisión de la Verdad, que pretende esclarecer lo ocurrido durante cinco décadas de enfrentamiento que dejan casi ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
Más de 6.000 exguerrilleros y casi 1.800 agentes del Estado suscribieron un “acta de sometimiento” a la JEP, según informó el órgano.
