“Después de un proceso de identificación en laboratorios, recibimos 11 osamentas, (las de) dos adultos y nueve niños”, declaró Ovidio Mauricio, de la Oficina de Tutela Legal María Julia Hernández.
En pequeños ataúdes blancos con una rosa amarilla, los restos óseos fueron entregados por el magistrado Florentín Meléndez durante un breve acto celebrado en un salón de la Corte.
“Me siento triste, pero al mismo tiempo alegre, porque sabré dónde quedará enterrada mi niña Mirna, que apenas tenía un año”, declaró Pedro Ramos, un campesino de 66 años que aún busca el cuerpo de su esposa, Cristina Martínez.
Tanto Ramos como otros familiares de víctimas, derramaron lágrimas al recibir los restos óseos de sus seres queridos, asesinados hace 35 años.
“La entrega de las osamentas forma parte de un acto de reparación a las víctimas” que fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos , con sede en Costa Rica, que condenó al Estado salvadoreño, explicó Mauricio.
Debido al grado de deterioro que mostraban, algunas de las osamentas fueron identificadas por “información antropológica” y no por ADN.
La identificación de los restos también puede servir como “prueba” en un proceso judicial en contra de los responsables del crimen, aunque hasta ahora todo intento de hacer justicia ha chocado con una ley de amnistía que, en 1993, perdonó las atrocidades de la guerra.
Todos los restos serán resguardados en las oficinas de Tutela Legal en San Salvador y serán sepultados por sus familiares el 11 de diciembre próximo, cuando se conmemore el 35 aniversario de las más cruel masacre perpetrada entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, durante la guerra civil salvadoreña.
La masacre ha sido atribuida al batallón Atlacatl, uno de los cuerpos de élite contrainsurgentes que fueron proscritos tras el fin de la guerra.
A la fecha, según Mauricio, fueron exhumados los restos de unas 300 víctimas y a partir de noviembre la Fiscalía espera reiniciar las excavaciones en busca de otras 600 osamentas.
