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San Salvador. ACAN-EFE y AP. El presidente Salvador Sánchez Cerén ordenará el despliegue del Ejército salvadoreño si continúa el “sabotaje” que infligen pandilleros al transporte público desde hace dos días, dijo el martes un vocero del Gobierno.
“De persistir esta situación de sabotaje al transporte, adoptaría la decisión de movilizar a toda la Fuerza Armada”, expresó el portavoz Eugenio Chicas.
“Estamos preparados”, dijo Chicas, con el fin de que el mandatario pueda dar la orden hoy mismo. Además, destacó que “es facultad del presidente” decretar esta medida, pero necesita de la aprobación del Congreso.
El mandatario solicitó el martes el respaldo de todos los partidos políticos para desplegar a la Fuerza Armada en los municipios que conforman el Gran San Salvador (centro) como Apopa, Soyapango, Mejicanos, Ciudad Delgado y otros que integran la lista de municipios más peligrosos del país.
En criterio de Chicas, el poder limitado de las pandillas permitió al Gobierno montar un dispositivo de prevención policial para resguardar a los choferes que prestaron servicio. “Si no hubieran hecho esto, los asesinatos se habrían podido disparar”, dijo.
Las autoridades de seguridad reportaron el asesinato de siete choferes del sistema público de transporte, uno el domingo y seis el lunes, y la quema de dos microbuses el sábado. Esta situación llevó a los conductores de buses a decretar la huelga el lunes.
Las autoridades redoblaron la vigilancia y pusieron al servicio de la población más de 140 vehículos, entre autobuses, microbuses, camionetas y camiones.
El presidente Sánchez Cerén, además de pedir el apoyo de los partidos políticos, manifestó que su gobierno mantiene la decisión de que no se sentará a dialogar, mucho menos negociar, con las pandillas.
“No nos vamos a doblegar ante estos criminales, que les quede claro, no vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a capturar y los vamos a poner al servicio de la Justicia para que determine los crímenes que han cometido”, afirmó.
¿Qué buscan? Según declaró Chicas por televisión, el objetivo de las pandillas es “doblegar a la población, conminar al Gobierno a hacer un pacto. Ellos lo que quieren es un pacto con el Gobierno, con la población. Toda la población en su sano juicio rechaza un pacto con criminales; no puede haber pacto con criminales”.
El 15 de julio, las pandillas pidieron al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ser incluidas en un diálogo nacional que permita disminuir la violencia homicida.
El Consejo de Seguridad, que fue creado para buscar una salida a la violencia, está formado por funcionarios del Gobierno, iglesias y la sociedad civil en general, con asesoramiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El Gobierno acusó a Barrio 18, facción Revolucionarios, de ser la principal responsable del boicot al transporte mediante el asesinato de conductores, el ataque constante a los buses y las amenazas a los empresarios.
Pese a las intimidaciones de las pandillas y al caos del transporte, los salvadoreños salieron este martes a trabajar.
El Gobierno trató de restarle fuerza al paro y aseveró que, de 1.133 rutas de autobuses, solo 44 pararon total o parcialmente, menos del 5%.
Pero Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios del Transporte de El Salvador, afirmó que “95% del transporte está paralizado en todo el país”.
Los empresarios dijeron que solamente en la capital y municipios vecinos circulan 5.500 vehículos de pasajeros, y de ellos, 4.000 no están circulando. La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a 30 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, acusados de homicidio.
Además, el Gobierno trasladó a dos convictos cabecillas de Barrio 18 a un penal de máxima seguridad. También fueron trasladados otros 37 presos a centros de máxima seguridad.
