La petición de Trump se considera como una prueba crucial sobre la separación de los poderes en Estados Unidos. Si la corte más alta del país, donde los jueces conservadores son mayoritarios, decide incluir esa cuestión en su agenda, su decisión se observará con gran interés.
El exempresario neoyorquino es el primer presidente estadounidense desde Richard Nixon que se niega a hacer pública su situación fiscal.
El fiscal de Manhattan Cyrus Vance solicitó ocho años (entre 2011 y 2018) de declaraciones de impuesto de Trump, en el marco de una investigación sobre un pago realizado a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una presunta relación con el presidente estadounidense.
La semana pasada, un tribunal de apelación federal confirmó que la empresa de contabilidad Mazars, encargada de los asuntos fiscales de Trump, no tenía ninguna razón para no entregar esos documentos a la justicia.
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Los defensores del presidente alegan que éste tiene inmunidad ante cualquier demanda judicial y también ante cualquier investigación.
"Por primera vez en la historia de nuestro país, un fiscal local o de un estado ha lanzado una investigación penal contra el presidente de Estados Unidos y lo ha sometido a una investigación coercitiva", escribió su abogado, Jay Sekulow, citado por medios estadounidenses.
"Solicitudes con motivaciones políticas como éstas son la ilustración perfecta de la razón por la que un presidente en ejercicio debería gozar de una inmunidad total respecto a cualquier proceso penal", añadió.
Durante una audiencia sobre ese caso el 23 de octubre, uno de los abogados de Trump había dicho antes los jueces que el presidente gozaría de inmunidad incluso si disparar contra alguien en plena calle, una declaración inmediatamente cuestionada por juristas.
Además de la acción del fiscal Cyrus Vance, Trump afronta otras acciones llevadas a cabo por congresistas demócratas, tanto en Washington como en el estado de Nueva York, para obligarlo a entregar sus declaraciones de impuestos.
