Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este lunes a la secretaria de Justicia interina, Sally Yates, quien dijo que la cartera que dirige no defenderá el decreto antimigratorio del mandatario.
"La fiscal general interina, Sally Yates, ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", señaló la Casa Blanca en un comunicado.
"El presidente Trump relevó a Yates de sus funciones y designó a Dana Boente, fiscal del distrito este de Virginia, para servir como fiscal general interino hasta que el senador Jeff Sessions sea confirmado por el Senado" en el cargo.
La fiscal general interina de Estados Unidos afirmó este mismo lunes que el Departamento de Justicia (DoJ) no defendería la decisión del presidente Trump de prohibir el ingreso al país de refugiados y personas provenientes de siete países musulmanes.
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En un memorándum, la secretaria de Justicia interina Sally Yates --que sirvió como número dos del DoJ bajo la presidencia de Barack Obama--, dijo que dudaba de la legalidad y la moralidad de la orden ejecutiva de la Presidencia.
"Mi responsabilidad es asegurar que la posición del Departamento de Justicia sea legalmente defendible", escribió Yates en una nota ampliamente distribuida a los medios de prensa de Estados Unidos.
"En la actualidad, no estoy convencida de que la defensa del decreto sea consistente con estas responsabilidades ni de que la orden ejecutiva sea legal", agregó.
Por lo tanto, "como soy la fiscal general interina, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, al menos hasta que se convenza de que es apropiado hacerlo", aseguró Yates antes de que la Casa Blanca difundiera el comunicado del despido.
Decreto
El decreto del presidente Trump, firmado el viernes, suspendió el ingreso a Estados Unidos de refugiados por un mínimo de 120 días y de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días.
El anuncio de Yates significaba que el gobierno estadounidense no contaría con representación en juicios y demandas legales, actualmente pendientes en los tribunales contra el decreto de marras y su aplicación.
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Sin embargo, la acción era simbólica, ya que es probable que el candidato de Trump para ser fiscal general, Jeff Sessions, sea confirmado pronto.
Sessions debe recibir el respaldo del comité de Asuntos Judiciales del Senado este martes y luego debe ser confirmado por el pleno del mismo cuerpo antes de tomar posesión.
El domingo, procuradores generales de 16 estados, incluyendo California y Nueva York, calificaron a la orden ejecutiva de Trump como "inconstitucional".
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En tanto, el Departamento de Defensa prometió actuar para logar que se permita la entrada a Estados Unidos de iraquíes que apoyaron a los militares estadounidenses en su país.
El Pentágono está trabajando en una lista de nombres de iraquíes que han cooperado con el ejército estadounidense, "a menudo poniendo en peligro" sus propias vidas, manifestó el vocero Jeff Davis en una conferencia de prensa.
De acuerdo a Davis, el Departamento de Defensa procurará "garantizar que quienes han demostrado su compromiso tangible en la lucha a nuestro lado y nos apoyan" sean excluidos del decreto.
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