En una de las pruebas más incriminantes contra Trump hasta la fecha, Sondland declaró a los legisladores haber dicho a un alto funcionario ucraniano que la ayuda militar estadounidense no sería entregada hasta que Kiev garantizara públicamente que investigaría los lazos de Biden y su hijo Hunter con la compañía energética Burisma.
Sondland, en un testimonio que invalidó una versión previa en la que había negado todos los hechos, admitió que propuso el quid pro quo (del latín, “algo a cambio de algo”) supuestamente ilegal y negado por Trump repetidamente, en una conversación, el 1.° de setiembre, con Andrey Yermak, un alto consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
En su testimonio del 17 de octubre ante los legisladores que llevan adelante la pesquisa con miras a una eventual destitución de Trump, el embajador señaló que le dijo a Yermak que "la reanudación de la ayuda estadounidense probablemente no ocurriría hasta que Ucrania proporcionase el informe anticorrupción" que habían estado discutiendo durante semanas.
Según la transcripción, el diplomático manifestó que esto fue la culminación de meses de presión sobre Kiev, principalmente a través del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, para abrir investigaciones “anticorrupción” a Biden y su hijo Hunter, que formó parte de la junta directiva de la ucraniana Burisma entre el 2014 y el 2019.
El embajador ante la Unión Europea, designado por Trump después de donar un millón de dólares para su toma de posesión, era plenamente consciente de la relación entre los $391 millones en ayuda militar de Estados Unidos y la ayuda de Ucrania a Trump con miras a su reelección el próximo año.
Vínculo ‘impropio’
Sondland admitió además ante los legisladores que llevan adelante la investigación previa a un eventual juicio político contra el presidente que entendía que el vínculo entre la investigación y la ayuda militar era “impropio”.
Preguntado sobre si esto era ilegal, el embajador respondió: "No soy abogado, pero presumo que sí".
La Casa Blanca ha negado reiteradamente que haya habido una relación entre la ayuda a Ucrania y las peticiones de Trump, pese a la evidencia de la transcripción de la llamada del 25 de julio entre el mandatario estadounidense y su par ucraniano.
El testimonio de Sondland y el de Kurt Volker, exemisario especial de Estados Unidos para Ucrania, parecen fortalecer la acusación de los demócratas de que Trump abusó de su poder al pedir ayuda extranjera para favorecer su campaña a la reelección y que por eso debería ser destituido.
El procedimiento adquirió una nueva dimensión con la aprobación, el 31 de octubre, de una resolución que autoriza las audiencias públicas de funcionarios.
La nueva fase pública marca un gran impulso en la investigación para una posible votación contra Trump en la Cámara.
Si la Cámara Baja -donde los demócratas tienen mayoría- votara a favor de su destitución, Trump estaría sujeto a un juicio en el Senado, donde la mayoría republicana hace poco probable que la salida se materialice.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que los testimonios no ofrecían ninguna evidencia para la “farsa de investigación”, que además calificó de “ilegítima”.
