La Defensoría de los Habitantes exhortó a los diputados, este miércoles, a crear leyes para penalizar la violencia contra las mujeres que participen en política.
El llamado lo hizo la entidad luego de que la diputada Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, demandaran penalmente al legislador Melvin Núñez, también restauracionista, por supuestas amenazas.
Segreda acudió a la Fiscalía General de la República, a presentar su denuncia, el martes 3 de julio; Hidalgo acudió a la misma instancia dos días después.
La legisladora del PRN interpuso la denuncia por el supuesto delito de amenazas a un funcionario público, mientras que la jerarca del Congreso y diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) prefirió no ahondar en las razones ni los hechos que fundan su acusación.
El detonante de las denuncias fueron dos mensajes de WhatsApp que Núñez envió a Segreda en los que la habría amenazado por la integración de una comisión legislativa.
En esos audios, dados a conocer por La Nación este lunes, el diputado se habría referido a Hidalgo como “la vieja esa del PAC” y afirma que la presidenta parlamentaria se tiene que andar con cuidado, porque asegura que él "no deja nada para después".
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“No puede pasar desapercibido lo que sucede en la Asamblea Legislativa, donde dos diputadas, una de ellas en ejercicio de la presidencia del primer Poder de la República, presentaron sendas denuncias penales contra un compañero diputado por unas manifestaciones contenidas en un audio que ellas perciben como un hecho que podría constituir el delito de amenaza contra funcionaria pública”, enfatizó el ente defensor en un comunicado.
La entidad urgió a los congresistas a prestar atención con lo que acontece actualmente en el Congreso y en general, relacionado con violencia de género.
“Es evidente que más mujeres en el parlamento desafían el orden existente y presionan hacia una redistribución del poder, por lo que crece el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia”, prosiguió el ente defensor.
Penalizar todo tipo de violencia
La Defensoría aprovechó para llamar la atención del Congreso para que genere más normativa en contra de otros tipos de violencia, como el acoso callejero, los malos tratos a las embarazadas (violencia obstétrica) y cualquier simbología con la cual se reproduzcan patrones de dominación.
“En particular a la Asamblea Legislativa (...) se le insta a ejercer su potestad de crear leyes, siendo que deben crearse nuevos instrumentos para enfrentar otras manifestaciones de violencia, como la violencia política, la violencia en espacios callejeros, la violencia obstétrica y la violencia simbólica”, aseguró la institución.
De la misma forma en que lo hizo con los legisladores, la entidad llamó la atención del resto de instituciones estatales a ejercer su “responsabilidad de prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres”.
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La ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Patricia Mora, replicó el pronunciamiento del ente defensor.
“Desde el Instituto Nacional de las Mujeres hacemos eco de las palabras de la Defensoría y de las señoras diputadas que han tenido la valentía de denunciar y de hacer públicos esos inaceptables actos de acoso y violencia política con ellas y todas las mujeres”, aseguró Mora.
La ministra habló, además, sobre la necesidad de que Costa Rica cuente con legislación más robusta para sancionar la violencia de género.
“Nuestro país necesita un marco legal más sólido, que sancione y no permita impunidad ante estas conductas generalizadas de machismo, así como una cultura de mayor igualdad y respeto hacia las mujeres y nuestros derechos”, aseveró.
Actualmente, en la corriente legislativa se encuentran dos textos enfocados en erradicar el abuso femenino.
Se trata de los proyectos de Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres (expediente legislativo 20.308) y Ley contra el acoso sexual callejero (expediente 20.299).
Ambas iniciativas legales ingresaron a la agenda de la Comisión de Asuntos de la Mujer el 27 de junio del 2017, pero han tenido un avance nulo desde entonces.