EscucharEste martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tocó uno de los temas más relevantes de cara a las elecciones de noviembre: la inmigración. Durante su intervención, presentó nuevas medidas ejecutivas destinadas a fortalecer la seguridad en la frontera sur entre Estados Unidos y México.
Según un comunicado oficial, estas medidas tienen como objetivo “facilitar a los funcionarios de inmigración la expulsión de aquellos individuos que carezcan de base legal para permanecer en el país, al tiempo que aliviarán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza”. De acuerdo con el comunicado, Biden busca asegurar la frontera, en lo que son consideradas “las reformas más importantes en décadas”.
Las restricciones entrarán en vigor cuando el promedio de siete días de ingresos de ilegales alcance los 2.500 por día. Los totales diarios ya superan ese número, lo que significa que la orden podría entrar en vigor de inmediato, permitiendo a los agentes fronterizos devolver a los migrantes a través de la frontera con México o a sus países de origen en cuestión de horas o días.
La frontera se reabriría a los solicitantes de asilo solo cuando el número de cruces disminuya significativamente. La cifra tendría que mantenerse por debajo de una media diaria de 1.500 durante siete días seguidos, y la frontera se reabriría a los inmigrantes dos semanas después.
Sin embargo, ¿cuáles son exactamente los detalles de estas medidas?
Prohibición de asilo a migrantes ilegales
El presidente estableció una prohibición de asilo para los migrantes ilegales que crucen la frontera hacia Estados Unidos. Esta suspensión, respaldada por una decisión provisional de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, limita el acceso al asilo para aquellos que no son ciudadanos estadounidenses.
Las medidas entrarán en vigor en momentos de desbordamiento en la frontera sur y permitirán la expulsión rápida de individuos sin base legal para permanecer en el país. Es importante destacar que estas medidas no son permanentes y se levantarán cuando el flujo migratorio disminuya lo suficiente para permitir una gestión efectiva de las operaciones fronterizas, con la adición de excepciones humanitarias.
Fortalecimiento del proceso de evaluación para casos de asilo
El Departamento de Seguridad Nacional presentó una propuesta de normativa con el fin de agilizar el proceso de expulsión de inmigrantes que representen un riesgo para la seguridad pública o nacional. Esta medida tiene como objetivo evitar la detención prolongada y costosa antes de la expulsión, asegurando una respuesta más rápida durante el proceso.
Según comunicó el gobierno estadounidense, esta propuesta busca mejorar la seguridad y garantizar consecuencias más oportunas para aquellos que carezcan de base legal para permanecer en Estados Unidos.
Resolución de casos de inmigración con mayor rapidez
A su vez, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional implementaron un procedimiento de casos de recién llegados para acelerar la resolución de ciertos casos de inmigración de personas que intentan cruzar la frontera sur sin utilizar los puertos de entrada, infringiendo así las leyes de inmigración estadounidenses.
Este proceso permitirá al Departamento de Justicia manejar estos casos de manera más expedita, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional podrá llevar a cabo “expulsiones más rápidas para aquellos individuos que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos, al mismo tiempo que brinda protección a aquellos con razones válidas”, informó el gobierno estadounidense.
Revocación de visados
El Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso restricciones de visado a directivos de varias empresas de transporte colombianas, los cuales, según el gobierno, “se benefician del tráfico ilícito de migrantes por mar”, indica un comunicado oficial.
Asimismo, el Departamento de Estado aplicó restricciones de visado a más de 250 miembros del gobierno nicaragüense, así como a actores no gubernamentales y familiares directos, debido a su presunta implicación en el apoyo al régimen de Ortega-Murillo, el cual, según el gobierno estadounidense, “se dedica a la venta de visados de tránsito a migrantes”. Anteriormente, el Departamento de Estado revocó visados a ejecutivos de aerolíneas chárter por comportamientos similares.
Desmantelar el tráfico de personas y enjuiciamientos de inmigración
Además, los Departamentos de Estado y de Justicia pusieron en marcha una iniciativa de “recompensas contra el tráfico de personas” (Anti-Smuggling Rewards). Esta medida busca “desmantelar la cúpula de las organizaciones de traficantes que introducen migrantes a través de América Central y la frontera sur de Estados Unidos”.
Según el gobierno estadounidense, la iniciativa ofrece recompensas por información sobre actividades relacionadas con el tráfico de personas e impone nuevas y más severas penas a los traficantes de seres humanos.
Además, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional aumentarán el despliegue de fiscales adjuntos especiales. Estos fiscales apoyarán a fiscalías federales críticas, prestando servicios de duración específica en varios distritos fronterizos.
Mejora en aplicación de las leyes de inmigración
Otra de las medidas presentadas es el aumento del número de agentes en la frontera sur por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto resultó en una cantidad sin precedentes de expulsiones de personas. Además, el DHS llevó a cabo más vuelos de repatriación. Durante el último año fiscal se registró la expulsión de 750.000 personas, superando las cifras desde 2010.
Decomiso de fentanilo
El comunicado informó que durante los últimos dos años se incautó más fentanilo que en los cinco años anteriores combinados. Además, se instalaron 40 máquinas detectoras de drogas en puntos de entrada para evitar el ingreso de fentanilo a Estados Unidos. Entre las perspectivas tras el acuerdo bipartidista, se encuentra la financiación de otras 100 máquinas para la inspección y detección de fentanilo en los puertos de entrada del sur del país.
