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Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos propinó este lunes un nuevo revés al presidente, Donald Trump, al dejar con vida el plan migratorio DACA, que protege de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” y cuyo final está fijado para el 5 de marzo.
En una breve notificación, la Corte anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así una petición del gobierno de Trump, que quería que el alto tribunal sentara un procedente a nivel nacional y le permitiera acabar con DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
Sin un precedente nacional, sigue en vigor la decisión del juez del William Alsup, de la corte del distrito norte de California, quien en enero ordenó a Trump que reactivase el programa DACA para todo el país y siguiera recibiendo solicitudes de renovación hasta que se resuelvan todos los litigios pendientes.
El fallo de ese juez de California y otro veredicto emitido este mismo mes por un magistrado de Nueva York impiden a Trump acabar con DACA el 5 de marzo, como tenía previsto.
En setiembre, Trump anunció el fin de DACA, pero dio al Congreso hasta el 5 de marzo para encontrar una solución para los miles de jóvenes indocumentados que gracias a ese permiso, proclamado en el 2012 por el entonces presidente Barack Obama, han podido residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Por el momento, el Congreso no ha logrado alcanzar un acuerdo sobre DACA y, por eso, ahora el balón está en los tribunales, que podrían tardar meses en emitir un fallo definitivo.
Búsqueda de un atajo
Trump trató de acelerar el proceso y, cuando el juez de California falló en su contra, recurrió directamente a la Corte Suprema sin esperar a que se posicionara una instancia inferior.
En concreto, el gobierno de Trump no esperó a que se pronunciara el Tribunal de Apelaciones con sede en San Francisco, al que le correspondía decidir sobre el veredicto del juez de California y que ha fallado en numerosas ocasiones contra políticas del mandatario, por ejemplo contra el veto a musulmanes y refugiados.
El movimiento del gobierno de Trump fue bastante inusual, puesto que normalmente los tribunales de apelaciones evalúan los casos antes de que lleguen a la máxima instancia judicial.De hecho, el alto tribunal hizo el lunes referencia a ese procedimiento y aventuró que el Tribunal de Apelaciones de San Francisco procederá “rápidamente para decidir en este caso”.
Frente a ello, Trump reaccionó a la decisión sobre DACA con nuevos ataques contra ese tribunal de apelaciones.El mandatario consideró que “no hay nada tan malo” como el Tribunal de Apelaciones de San Francisco, de mayoría progresista, y consideró que “no habrá ninguna sorpresa” en ese tribunal, puesto que es probable que avale el fallo del juez de California y mantenga activo el programa DACA.
“Nosotros perdemos, perdemos, perdemos y luego peleamos en la Corte Suprema”, dijo el mandatario, quien añadió: “Veremos qué ocurre, esa es mi actitud”.
Por su parte, el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, que había llevado el fin de DACA ante la Justicia, consideró que la decisión de la Corte Suprema es una “victoria” para la comunidad inmigrante y para su estado, hogar de uno de cada cuatro “soñadores”.“
Esta es una victoria para todos, para California y para la gran cantidad de compañías que están con nosotros”, dijo Becerra en una conferencia telefónica con la prensa.
La demanda de Becerra aglutina a compañías tecnológicas como Google y Facebook, así como al sistema universitario público de California, pues todos ellos avisan de que el fin de DACA provocará enormes pérdidas económicas al privar a sus organismos del capital intelectual que aportan los “soñadores”.
La decisión de la Corte Suprema deja sin efecto real la fecha límite del 5 de marzo fijada por Trump para poner fin a DACA.En la práctica, da más tiempo al Congreso para acordar una ley migratoria que concilie una solución permanente para los “soñadores” con algunas de las peticiones más duras de Trump, que pide fondos para construir su muro con México y medidas que reduzcan la entrada legal de inmigrantes a Estados Unidos.
