El tribunal prevé tres días de vistas y no se sabe aún si la decisión se conocerá el jueves o más tarde.
Si al término de este nuevo episodio en la caótica saga del brexit, la Justicia declarase que la suspensión es ilegal, el Parlamento debería, según los expertos, volver a ser convocado de inmediato.
Algo sobre lo que Johnson no se quiso pronunciar de inmediato: "Lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué dicen los jueces", declaró a la BBC.
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La decisión de la Corte Suprema no tendrá; sin embargo, ningún efecto en el calendario del brexit, advirtió su presidenta, Brenda Hale.
"Esta es una cuestión jurídica seria y difícil. No nos conciernen las cuestiones políticas más amplias", aseguró mientras, a las puertas del tribunal, medio centenar de manifestantes protestaban con pancartas que decían: "Nuestra democracia muere cuando se silencia a los diputados" o "Paren el golpe de Estado".
La vista del martes estuvo dedicada a la argumentación de los demandantes: en un caso la empresaria y activista antibrexit Gina Miller y en el otro 78 diputados proeuropeos de diferentes partidos.
Los abogados del gobierno responderán el miércoles y el ex primer ministro conservador John Major, que respalda a Miller, debe intervenir el jueves entre otros.
‘No existen normas legales’
El Parlamento británico vio sus labores suspendidas el pasado martes y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre.
Johnson justificó su petición de suspensión a la reina Isabel II por la necesidad de presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno.
Sin embargo, los opositores a un brexit sin acuerdo la consideran una estrategia para maniatarlos y denunciaron un “ultraje constitucional”.
Recientemente, un tribunal escocés les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo "como objetivo obstaculizar al Parlamento" y la declararon "ilegal".
Johnson tuvo que asegurar "absolutamente" a los periodistas que no mintió a la monarca sobre sus motivos para mandar a los legisladores a casa durante cinco semanas, mucho más tiempo de lo habitual.
Pero, en otro caso separado, el presentado por Miller, una corte de Londres dictó lo contrario. Sus jueces consideraron que la decisión de suspender el Parlamento es de “naturaleza intrínsecamente política” y “no existen normas legales con que juzgar su legitimidad”.
“No abandonaremos la lucha por la democracia”, aseguró Miller, quien en el 2017 ganó una batalla jurídica clave sobre el brexit contra el gobierno de Theresa May.
Acuerdo en punto muerto
Tras el referendo del 2016, en el que 52% de británicos votó a favor de abandonar la UE, el brexit debía tener lugar el pasado marzo, pero ante el reiterado rechazo de los diputados al acuerdo negociado por May fue aplazado dos veces.
Johnson aseguró que no pedirá otra prórroga, pese a una ley aprobada de urgencia antes de la suspensión parlamentaria que le obligaría a hacerlo si no ha alcanzado un acuerdo con Bruselas al 19 de octubre.
El gobierno británico afirma avanzar en sus contactos con la UE y el lunes anunció una intensificación de las reuniones, que pasarán a ser diarias y tendrán lugar a nivel político, directamente entre su ministro del brexit, Stephen Barclay, y el negociador jefe europeo, Michel Barnier.
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No obstante, la Comisión Europea asegura que Londres no presentó ninguna propuesta viable, a un mes de la cumbre europea del 17 y 18 de octubre, que debe decidir sobre la cuestión.
En este contexto, Johnson mantuvo este martes una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel.
“El primer ministro reiteró que el Reino Unido y la UE han acordado acelerar los esfuerzos para llegar a un acuerdo (...) que pueda obtener el apoyo del Parlamento británico, y que trabajaremos con energía y determinación para conseguirlo antes del brexit del 31 de octubre”, informó Downing Street.
