Ciudad de Guatemala. AFP y ACAN-EFE. Un nuevo escándalo de corrupción, que involucra a los jefes del Banco Central y de la seguridad social, aumenta la presión sobre el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien enfrenta protestas en las calles para que renuncie .
El gobierno se ha visto sacudido por denuncias de corrupción que, inclusive, forzaron la dimisión de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Ahora, en medio de pedidos de diversos sectores para esclarecer esos casos, se conoció un presunto fraude por $14,5 millones contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y por el cual están detenidas 17 personas, entre quienes figuran los presidentes de esa entidad, Juan de Dios Rodríguez, y del Banco de Guatemala (central), Julio Suárez.
Rodríguez fue secretario privado de Pérez Molina, quien lo designó al frente del IGSS –en abril del 2013– para combatir la corrupción en esa institución.
También fueron aprehendidos funcionarios y extrabajadores del IGSS, empresarios y representantes sectoriales en la junta directiva de la institución que rige la seguridad social.
La investigación, destapada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) , los señala como los artífices de una trama para adjudicar en forma anómala un contrato por $14,5 millones a una empresa farmacéutica que debía proveer atención a pacientes con insuficiencia renal.
Según la pesquisa, los sospechosos cobraban entre el 15% y el 16% del importe final por seleccionar a la firma adjudicataria.
Además, la fiscala general, Thelma Aldana, indicó que se investigan dos denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos por la posible muerte de siete pacientes que requerían aquel tratamiento.
Esquema de corrupción. Este nuevo escándalo se conoció mientras no se han acallado los ecos de otro contra la administración tributaria , por el cual están presas 21 personas, entre ellos el jefe del órgano recaudador de impuestos, Omar Franco, y su predecesor, Carlos Enríquez Muñoz, a quienes se acusa de realizar cobros ilegales a empresarios y usuarios de los servicios aduaneros.
Del supuesto fraude al IGSS se empezó a sospechar en el último trimestre del 2014, dijo ayer el jefe de la Cicig, Iván Velásquez.
Entonces, Cicig conoció de posibles irregularidades en el trámite del contrato entre el IGSS y la compañía Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala, suscrito en setiembre anterior.
Agregó que los encargados de avaluar los oferentes del servicio diálisis peritoneal no tenían “la aptitud suficiente” para hacerlo.
Para Velásquez, hay elementos de prueba suficientes que le permiten afirmar, “más allá de dudas razonables”, que los arrestados estuvieron involucrados en tales irregularidades.
A su juicio, Pisa no cumplía con los requisitos mínimos para la atención especializada requerida por los pacientes con insuficiencia renal. Tampoco tenía experiencia y capacidad.
Presión callejera. El nuevo escándalo estalló en momentos en que el presidente enfrenta una intensa presión de la población, que ha salido masivamente a las calles para exigir su renuncia.
“Fuera todos los políticos y empresarios corruptos”, “Renuncia, Tito (Pérez), la cárcel te espera”, “Cese a la corrupción” y “La vida y los derechos no son una mercancía”, se leía en carteles que portaban ayer manifestantes en la ciudad capital.
Para David Gaitán, miembro de la organización Acción Ciudadana , adscrita a Transparencia Internacional, el arresto de Rodríguez debería ser el detonante para que Pérez presente su dimisión, debido a su amistad personal con el involucrado y porque este fue nombrado por el propio jefe de Estado.
“El presidente debe renunciar en este momento no solo por el clamor popular, sino por la vinculación directa que tiene con el señor Juan de Dios Rodríguez. Era imposible que él (Pérez) no supiera de estas negociaciones anómalas”, afirmó.
Aseguró que el mandatario ignoró la denuncia pública de esa entidad, realizada en diciembre, cuando pidió que “se rescindiera el contrato (con la farmacéutica) porque a todas luces era anómalo”.
El mandatario intentó desvincularse del caso al declarar en rueda de prensa que el IGSS es una entidad autónoma y que fue traicionado por las personas que nombró a cargo de ese organismo.
También reiteró que continuará en la presidencia hasta el 14 de enero del 2016, cuando entregue el poder a las autoridades electas en setiembre u octubre, cuando se realice la segunda vuelta de los comicios.
“No es posible que el sistema siga permitiendo que este tipo de abusos y delitos se sigan cometiendo, y por supuesto que acepto parte de la responsabilidad porque yo deposité confianza en estas personas, pero eso no quiere decir que me haga responsable de los hechos. Ellos han defraudado la confianza que deposité en el momento", alegó el presidente.
El presidente anunció que separó del cargo a la titular de la Comisión presidencial para la transparencia, Verónica Taracena, nombrada por la exvicepresidenta Baldetti.