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Bogotá. El Grupo de Lima descartó el uso de la fuerza en el cerco que pretende estrechar contra Nicolás Maduro, aunque Estados Unidos dejó abiertas “todas las opciones” para forzarlo a dejar el poder en la agobiada Venezuela.
Al término de una reunión en Bogotá, en la que participó el opositor Juan Guaidó y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, el bloque se apartó de la salida militar a la crisis.
Esa alternativa había quedado flotando a raíz de la frustrada entrega de ayuda esencial a Venezuela que derivó en violentos disturbios el fin de semana y que fueron atribuidos a la represión de las fuerzas chavistas desplegadas en las fronteras con Colombia y Brasil. Al menos cuatro manifestantes murieron y cientos quedaron heridos.
Reconocido por medio centenar de gobiernos como mandatario interino de Venezuela, Guaidó pidió entonces “tener abiertas todas las opciones” contra Maduro.
"Ser permisivos con la usurpación de poder sería una amenaza para toda América", señaló este lunes el jefe del Parlamento venezolano.
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Sin embargo, el foro países reunidos este lunes afirmó en su declaración final que "la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza".
El Grupo de Lima está conformado por 13 países latinoamericanos más Canadá. De la cita de Bogotá participaron representantes de diez países, entre ellos los presidentes de Panamá y Guatemala.
México, Costa Rica, Santa Lucía y Guyana se marginaron del encuentro en el que fue incorporado Guaidó como miembro de la organización creada en el 2017 para buscar salidas a la grave situación en la nación petrolera.
No obstante la declaración de sus aliados, Estados Unidos mantiene latente la amenaza contra Maduro, quien rechaza el ingreso de asistencia por considerarla el pretexto para una invasión militar.
"Esperamos una transición pacífica hacia la democracia. Pero el presidente (Donald) Trump lo ha dejado claro: Todas las opciones están sobre la mesa", advirtió Pence.
Cada vez más aferrado a los militares, Maduro también cuenta con el respaldo de Rusia y Cuba. El chavismo celebró el domingo el fracaso de la llegada de ayuda en un mitín encabezado por el poderoso dirigente Diosdado Cabello.
Al cabo de las deliberaciones, Colombia denunció "serias y creíbles amenazas" contra Guaidó y responsabilizó al gobierno "usurpador" de lo que le pueda ocurrirle.
"Cualquier acción violenta contra Guaidó, su señora o familiares (...) obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos", afirmó el canciller Carlos Holmes Trujillo.
El dirigente anunció que regresará a Venezuela esta semana, tras haber burlado una orden de la justicia afín al chavismo que le impedía salir del país. El viernes apareció sorpresivamente en la ciudad fronteriza de Cúcuta para coordinar el ingreso de alimentos y medicinas donados por Estados Unidos principalmente.
Los camiones con la ayuda tuvieron que replegarse ante el bloqueo de las fuerzas chavistas. Dos vehículos fueron incinerados.
El Grupo de Lima aseguró que le pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) considerar la “violencia criminal del régimen de Maduro” ante la “grave situación humanitaria” que está generando en Venezuela.
Un grupo de naciones encabezado por Colombia, Argentina y Chile ya habían solicitado en setiembre a la Fiscalía de la CPI investigar a Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Washington, entretanto, anunció el congelamiento de activos de cuatro gobernadores alineados con Maduro en represalia por lo ocurrido en las fronteras, mientras el presidente Iván Duque abogó por un "cerco más poderoso y más efectivo".
El vicepresidente Pence invitó al Grupo de Lima a que transfieran los activos de la estatal petrolera PDVSA a Guaidó y nieguen al "círculo íntimo de Maduro" el ingreso a sus países.
De igual forma anunció un nuevo desembolso de $56 millones para los países que reciben migrantes venezolanos. Desde el 2017, Estados Unidos ha donado $195 millones para enfrentar el éxodo de 2,7 millones de personas que han llegado a América Latina y el Caribe desde la agudización de la crisis en el 2015.
También la administración Trump –que desde el 28 de abril embargará la importación de crudo venezolano– pidió “una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela” tras la represión el fin de semana.
La tensión no cede en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, cerradas por orden de Maduro.
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Disturbios en frontera
Este lunes, en el puente internacional Simón Bolívar, que une a Colombia y Venezuela, se presentaron intensos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas chavistas.
Los choques dejaron al menos tres heridos, todos con perdigones, uno de ellos de gravedad luego de que un tornillo le impactara el ojo, según observó un equipo de la AFP.
Docenas de venezolanos que habían cruzado para participar en la caravana que pretendía llevar ayuda quedaron represados. Bogotá también dispuso un cierre temporal que termina la noche de este lunes para evaluar los daños dejados por los disturbios.
Mientras, militares brasileños montaron un cordón en Paracaima tras reyertas entre manifestantes y uniformados venezolanos en la línea fronteriza.
Seis sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, que estaban destacados en el puesto de control fronterizo, desertaron y llegaron a Pacaraima. Otros 167 policías y militares rompieron con Maduro y están en Colombia, según la autoridad migratoria.
Venezuela tiene unos 365.000 efectivos y 1,6 millones de milicianos civiles. Pese a la fuerte presión, la cúpula militar se mantiene leal a Maduro.
