Managua
El proyecto para construir un canal interoceánico en Nicaragua, que compita con el de Panamá, se ha convertido prácticamente en un tema tabú en medio del proceso electoral en el que el presidente Daniel Ortega busca la reelección.
Ambientalistas y pobladores de la ruta del canal denuncian acciones de hostigamiento e intimidación en los territorios que atravesará el canal para acallar las protestas contra el proyecto, en momentos en que Nicaragua se prepara para las elecciones generales del 6 de noviembre.
El gobierno quiere eludir el tema del canal en un año electoral porque "no quiere reventar el conflicto con los campesinos, y parece que no han conseguido inversionistas" para financiar su construcción, dijo a la AFP el sociólogo Cirilo Otero, director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales.
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El canal interoceánico es un tema incómodo para Ortega y una bandera política para sus rivales, que le tildan de "vendepatria", un término usado por el héroe nacionalista Augusto Sandino para desdeñar a políticos que apoyaron intervenciones militares de Estados Unidos en Nicaragua a comienzos del siglo pasado.
La vía, que sería tres veces más larga que el Canal de Panamá, surgió como un proyecto insignia de Ortega, quien la presentó como una oportunidad para desarrollar el país, crecer a un ritmo de 10% anual, generar empleos y acabar con la pobreza que afecta a casi 30% de los 6,1 millones de nicaragüenses.
Pero ecologistas advierten que es una amenaza al medio ambiente que destruirá el lago Cocibolca, la segunda reserva de agua en el continente después del Titica de Bolivia y Perú.
El megaproyecto, valorado en $50.000 millones, cuatro veces el PIB de Nicaragua, estaba previsto para comenzar hace dos años, pero hasta ahora se ha hecho poco y nada.
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El concesionario chino HKND, a cargo de la obra, estima en unos $600 millones de dólares la inversión en estudios de impacto ambiental, arqueológicos y diseños de la gigantesca estructura que incluye dos puertos, un aeropuerto, una zona de libre comercio y centros turístico y financiero.
Según Otero, Ortega no se arriesgará a tener un conflicto con los campesinos en plenas elecciones. Desde que el gobierno otorgó la concesión a la empresa china se han realizado 68 marchas con casi un millón de personas que rechazan la expropiación de tierras para el canal.
"El gobierno se ha encerrado en su secretismo, solo dice que el canal va, pero lo que estamos viendo es que posiblemente el canal no vaya", comentó a la AFP el ambientalista Jaime Incer. "Internacionalmente se dice que ese proyecto si no es un engaño, es una quimera, una fábula", acotó.
Incer, asesor presidencial en temas ambientales, comentó que no tiene acceso directo a Ortega para hablar sobre el canal, pero "no he dejado de denunciar, mandar cartas y advertencias" sobre su posible impacto negativo.
El especialista, opuesto al uso del lago Cocibolca por los riesgos ambientales que implica, consideró que "hablar de esas cosas es tabú y peligroso, pero eso no me impide, como asesor de la presidencia, decir lo que está pasando y lo que puede pasar".
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Voceros de la gubernamental comisión del Gran Canal y de HKND no atendieron a las llamadas telefónicas ni respondieron a mensajes electrónicos de solicitud de entrevistas de AFP.
En las comunidades asentadas en el trazado de 278 km del proyecto no hay indicios de que algo se vaya a construir, salvo la presencia de agentes del gobierno.
Activistas afines al gobierno "andan amenazando a los campesinos (diciendo) que en cuanto se reelija el presidente, el canal va, que vamos a entregar las tierras nos guste o no y si seguimos las protestas nos van a meter a la cárcel", denunció a AFP la campesina Francisca Ramírez, dirigente del movimiento opuesto al desalojo.
"Vivimos en una zona restringida, hay una cantidad de (agentes) antimotines que permanecen con armas las 24 horas del día, y si queremos salir de las comunidades nos bajan de los buses, revisan cédulas y nos registran como si fuéramos delincuentes", se quejó.