Saab, de 49 años, compareció por primera vez en octubre ante un tribunal federal de Miami, en el sureste de Estados Unidos, por conspirar para blanquear dinero.
De acuerdo con la Fiscalía, el empresario se convirtió en 2018 en una “fuente confidencial de la DEA” durante 12 meses.
En ese plazo, entregó más de 12 millones de dólares conseguidos con sus actividades ilegales a las autoridades estadounidenses, con las que firmó un acuerdo para entregarse y ser juzgado por el caso de blanqueo de dinero.
Según la acusación estadounidense, Saab y su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.
La Fiscalía asegura que ambos lucraron ilegalmente y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.
El primer contacto entre Saab y las autoridades estadounidenses ocurrió en agosto de 2016 en Bogotá. Ahí, la DEA y la policía federal (FBI) le mostraron la información que habían recabado sobre sus negocios en Venezuela.
Como informante de la DEA, Saab “proporcionó información sobre los sobornos que pagó y los delitos que cometió”, según los documentos judiciales revelados este miércoles.
La cooperación concluyó en mayo de 2019, después de que el empresario colombiano no cumpliera el plazo para entregarse a Estados Unidos.
Dos meses después, la justicia del país norteamericano lo imputó por el caso de blanqueo de dinero.
Saab llegó a Miami en octubre tras su extradición desde Cabo Verde, donde había sido detenido en junio de 2020 a petición de Estados Unidos.
La acusación considera a Saab como un presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La extradición del empresario enfureció al gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, y luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.
El juicio de Saab comenzará el 11 de octubre en Miami. El cargo del que se le acusa se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel.
