Con 110 votos a favor del oficialismo, 13 en contra y 5 abstenciones de los cuatro partidos de oposición, el Congreso aprobó la reforma a tres artículos de la Constitución para hacer posible el proyecto, promovido por el presidente Porfirio Lobo y el titular del Congreso, Juan Hernández.
Es la segunda vez que el Congreso aprueba la iniciativa, que en octubre pasado fue frenada por la Corte Suprema de Justicia al declarar su inconstitucionalidad . El 12 de deciembre pasado, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrado de la Sala de lo Constitucional , entre otras cosas por votar en contra del proyecto.
Con esa reforma, “los diputados violaron artículos pétreos de la Constitución y eso es un delito de traición a la patria”, sostuvo el jurista Jari Dixon, uno de los promotores de los recursos d e inconstitucionalidad en octubre.
Los cambios con respecto a la versión anterior fueron mínimos , según versiones de medios locales de prensa.
Bajo administración de un gobernador, con sistema de justicia y seguridad propios, esas ciudades privadas serían zonas concedidas a inversionistas extranjeros por hasta ocho décadas.
“Solo vamos a esperar que sea ratificada la reforma y se publique en La Gaceta (diario oficial) para presentar otro recurso de inconstitucionalidad; el problema es que el mismo Congreso ya cambió a los magistrados que votaron en contra”, manifestó Dixon.
El profesional recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene pendiente otro recurso presentado en setiembre del 2012 por él y otros abogados en el que piden enjuiciar por “traición a la patria” a Lobo y a los diputados que votaron por la primera reforma.
¿Ciudad-Estado? El presidente Lobo propuso las “ciudades modelo” como fórmula para generar focos de desarrollo, en un país donde el 70% de sus 8,4 millones de habitantes vive en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina.
“Esta reforma no solo pone en riesgo la soberanía, sino los recursos naturales y a la poblaciones de que sean desplazadas de los lugares donde se van a hacer esos emporios”, afirmó el procurador de derechos humanos, Leonel Casco.
Las “ciudades modelo” serán zonas de desarrollo similares a Hong Kong o Singapur, aseguró el congresista Hernández.
Sectores sociales de Honduras también han expresado su rechazo a esas ciudades, por considerar que atentan contra la soberanía nacional y solamente beneficiará a extranjeros y a pocos empresarios y políticos locales.
La decisión llega dos días después de que los congresistas aprobaron una reforma constitucional que instaura la figura del juicio político , que permitirá enjuiciar y destituir al presidente de la República y otros funcionarios, entre ellos magistrados del Poder Judicial y el fiscal general, cuando exista una “denuncia grave en el desempeño en su cargo”.