Fatou Bensouda, fiscala de ese tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, le había pedido que fallara sobre ese punto. Y ello, tras haber anunciado en diciembre del 2019 que quería abrir una investigación sobre eventuales “crímenes de guerra” -sin designar, no obstante, a sus posibles autores- en los territorios ocupados por Israel.
En reacción, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tachó este viernes a la CPI de “órgano político” y afirmó que con su decisión, la Corte socavaba el “derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo”.
Los palestinos, en cambio, dijeron que se trataba de una "victoria de la justicia".
El tribunal ha "decidido, por mayoría, que la jurisdicción territorial de la Corte para la situación en Palestina, un Estado parte de los Estatutos de Roma de la CPI, se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967", precisó en un comunicado.
Palestina participa en el tribunal, establecido en Holanda en el 2002, pero Israel no.
El tribunal matizó que su decisión no fue un fallo sobre el “estado” palestino, pero que como Estado parte del tribunal, el pronunciamiento debería ser tratado en línea con una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el “derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”.
Así, la Corte precisó que con su decisión "no se pronunciaba sobre un diferendo fronterizo en derecho internacional ni prejuzgaba la cuestión de cualquier futura frontera", sino que tenía el "único objetivo de definir su jurisdicción territorial".
El gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump ordenó sanciones contra la fiscala y contra otros funcionarios de la CPI en setiembre.
Estados Unidos, que no es miembro de la CPI, ordenó medidas contra la Corte después de no haber logrado que el tribunal dejara de investigar posibles crímenes de guerra cometidos por militares estadounidenses en Afganistán.
Descalificación israelí
El primer ministro Netanyahu condenó la decisión este viernes.
“Hoy, el tribunal probó una vez más que es un órgano político y no una institución judicial”, declaró en un comunicado, en el cual consideró que, con su decisión, la CPI socavaba el “derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo”.
En cambio, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, afirmó que el fallo de la CPI era una "victoria para la justicia, la justicia y la humanidad, para los valores de verdad, justicia y libertad, y para la sangre de las víctimas y sus familias".
Pero el Departamento de Estado estadounidense indicó que Israel no debería estar regido por la Corte porque no es miembro de ella.
“Tenemos serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre el personal israelí. Siempre hemos mantenido la posición de que la jurisdicción de la Corte debería estar reservada a los países que lo consientan o que sean remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Sin embargo, la ONG Human Rights Watch (HRW) manifestó que se trataba de un fallo “crucial”. Añadió: es “el momento de que los autores, israelíes y palestinos, de los abusos más graves” rindan cuentas ante la Justicia.
"La decisión de la CPI finalmente ofrece una esperanza real de justicia a las víctimas de crímenes graves tras medio siglo de impunidad", afirmó Balkees Jarrah, director de Justicia Internacional de HRW en un comunicado.
Palestinos avanzan en camino hacia la CPI
Bensouda, quien abandonará el cargo en junio, desea que la CPI se encargue de una investigación preliminar de cinco años, tras la guerra del 2014 en la franja de Gaza.
Israel y Estados Unidos condenaron fuertemente la acción del tribunal cuando la fiscal solicitó esta pesquisa en profundidad.
Asimismo, Bensouda pidió al actual presidente estadounidense, Joe Biden, que retire las sanciones ordenadas por Trump contra ella.
