Ginebra. AFP, AP y EFE. El Comité de la ONU contra la tortura demandó ayer al Vaticano llevar a las autoridades civiles las denuncias de abusos sexuales contra religiosos para que sean investigadas y eventualmente procesadas.
Al mismo tiempo, el panel destacó los esfuerzos realizados por la Santa Sede en este asunto.
En una primera reacción en Roma, el Vaticano declaró haber “tomado nota” de las observaciones y aseguró que serán “consideradas seriamente”.
En contraposición al criterio del Vaticano, el Comité sostuvo que el minúsculo Estado sí tiene un control efectivo en todo el mundo sobre obispos y sacerdotes, quienes deben atenerse al tratado del organismo mundial contra la tortura.
El Comité de la ONU contra la Tortura ha dicho en repetidas ocasiones que el abuso sexual y las violaciones pueden ser considerados casos de tortura.
Aunque la comisión no llegó a indicar que la Santa Sede violó sus obligaciones conforme al tratado contra la tortura , que ratificó en el 2002, los miembros insistieron que quedó implícito en sus señalamientos.
“Los eruditos legales dirían que cuando la comisión encara un problema y hace recomendaciones, ve que el Estado no cumple las recomendaciones de la Convención”, manifestó la vicepresidenta de la comisión, Felice Gaer. “Es absolutamente claro lo que decimos” .
Agregó: “No decimos que el Vaticano es responsable de todas y cada una de las violaciones cometidas por cualquier cura. Pero sí decimos que la Santa Sede ha violado la Convención en los casos en que fue informada de abusos e ignoró las acusaciones”.
Criterio de responsabilidad. La principal conclusión del Comité es que la responsabilidad del Vaticano en los casos de abusos sexuales no se limita a su territorio, sino que abarca los abusos cometidos en otros Estados siempre y cuando la Santa Sede “ejerza efectivo control” sobre el perpetrador.
“Efectivo control significa que el Vaticano supiera del caso, fuera informado y no actuara. O fuera informado y ordenase trasladar al abusador en lugar de perseguirlo y castigarlo” , explicó Gaer.
“El Estado parte es responsable por los actos y omisiones de sus funcionarios y otros que actúen oficialmente o en nombre del Estado. Esta responsabilidad se extiende a las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado parte desplegados en operaciones en el extranjero” , concretó el Comité.
Pidió además al Vaticano que suspenda de sus funciones a cualquier sacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales mientras que la Congregación para la Doctrina de la Fe lleve a cabo su investigación, y a no transferir a estas personas a otra diócesis para evitar tener que castigarlos, como ha ocurrido con frecuencia.
Respuesta del Vaticano. En tanto, el Vaticano rechazó las conclusiones más importantes de los 10 miembros de la comisión por considerarlas “fundamentalmente erróneas” e insistió en que no ejerce un control directo sobre los sacerdotes de todo el mundo.
En su respuesta el viernes, la Santa Sede acusó al panel de usar un raciocinio improvisado. Insistió que el Comité se equivocó “al dar la impresión que todos los sacerdotes asignados por el mundo son indirecta y legalmente ligados al Vaticano” .
En su declaración, el Vaticano sostuvo que no era ni siquiera indirectamente responsable de hacer cumplir las obligaciones de la Convención contra la Tortura entre los 440.000 sacerdotes de todo el mundo, y afirmó que las propias leyes vaticanas no implican ese nivel de control legal.
A principios de mes la Santa Sede informó al panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la suspensión de funciones de 848 sacerdotes y la imposición de penas menores a otros 2.572 desde el 2004.
Las estadísticas reflejan solo las quejas atendidas directamente por la Santa Sede, no las manejadas por las diócesis, por lo cual e el número total de curas sancionados a escala mundial podría ser mucho mayor.