Los presidentes de Bolivia, Carlos Mesa, y de Argentina, Néstor Kírchner, firmarán el miércoles en Buenos Aires un convenio de suministro de gas, cuyo anuncio amenaza con desencadenar fuertes protestas de sectores bolivianos que se oponen a un acuerdo antes de un referendo –el 18 de julio– que decidirá el futuro energético nacional.
Contrarios a la política energética de Mesa, los sindicatos manifestaron el jueves en una multitudinaria marcha su rechazo al negocio que, según su criterio, beneficiará únicamente a los consorcios petroleros y no al país.
A pesar de la oposición, Mesa expidió el martes un decreto supremo para autorizar la venta de gas a Argentina “en condiciones de emergencia” por un lapso de seis meses y por un volumen de 4 millones de pies cúbicos diarios, a condición de que “ni una sola molécula de ese gas pueda ser vendido a Chile”.
El mandatario cosechó entonces elogios de los empresarios y organizaciones cívicas de Tarija, cuyo territorio alberga el 85 por ciento de los 54,3 trillones de pies cúbicos que posee Bolivia.
Por el contrario, los sindicatos recordaron a Mesa que una rebelión popular derrocó a su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre último, por pretender vender gas a mercados de ultramar por un puerto de Chile, país con el que Bolivia mantiene un centenario diferendo marítimo.
Denuncia
Según el radical jerarca de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, el negocio beneficiará básicamente al consorcio hispaño-argentino Repsol-YPF y al estatal brasileño Petrobras, “permitiendo que la Argentina supere su crisis (energética) y retome la venta de gas a Chile”.
Repsol y Petrobras, dueñas del gas en boca de pozo de la mayoría de las reservas de Tarija, transportarán el energético “a través de un ducto que les pertenece en Campo Durán hasta su refinería Refinor, a 40 km de la frontera, y luego reexportarán sus derivados” a la ciudad boliviana de Santa Cruz, según el exsenador populista Andrés Solíz, un fuerte crítico del Gobierno.
Pero la venta de gas a Argentina le permitirá disponer a Mesa de unos $36 millones de ingresos, imprescindibles para reducir un creciente déficit fiscal que bordea ya la suma de $150 millones. Mesa llamó a los sindicatos a resolver los problemas nacionales y no ahondarlos.
