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BUENOS AIRES (AFP) La presidenta argentina Cristina Kirchner accedió el martes a debatir en el Congreso polémicos aranceles a las exportaciones de granos para intentar calmar la creciente tensión política, tras casi 100 días de rebelión fiscal del sector agrario.
En un acto en la Casa Rosada (gobierno), la mandataria anunció el envío de un proyecto de ley para tratar las retenciones (impuestos) móviles a las exportaciones de la soja en el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría en ambas Cámaras.
"Quiero darle a la decisión que tomé (sobre las retenciones) más contenido democrático. Voy a enviar al Parlamento un proyecto de ley para que sea tratada la medida", dijo la presidenta peronista socialdemócrata, en un discurso transmitido en cadena nacional de radio y televisión.
Tras más de tres meses de conflicto con 'lock-out' agrario, el gobierno concedió así unos de los reclamos de la dirigencia agropecuaria.
Los dirigentes agrarios consideraron "valorable" la decisión del gobierno de llevar el debate de los gravámenes al Congreso, pero se mostraron cautos sobre los alcances del proyecto, que comenzarán a analizar.
Decenas de rutas se mantenían la noche del martes parcialmente bloqueadas por miles de agricultores, en el marco del cese de comercialización de granos que vence la medianoche del miércoles.
Los dirigentes ratificaron además la realización de una jornada nacional de protesta el miércoles que será de carácter ecuménico, con misas y actos religiosos que contribuyan "a la pacificación y no a la confrontación", señaló el dirigente Eduardo Buzzi en rueda de prensa.
La puja agraria por la multimillonaria renta de la soja se fue transformando en una lucha entre oficialistas que llamaron a defender la democracia y al Gobierno, y la oposición.
"Nos están extorsionando para generar malhumor en la gente", acusó el martes el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) en alusión a los bloqueos de rutas, y culpó a los productores de desabastecer al país y generar inflación.
La jefa de Estado exhortó el martes a "todos los argentinos" a concurrir a la Plaza de Mayo el mismo miércoles y sumarse a un acto en respaldo de la democracia, convocado por el gubernamental Partido Justicialista (PJ, peronismo), presidido por su esposo.
El acto cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y políticas aliadas y de la poderosa CGT, la mayor central obrera con 10 millones de afiliados.
En cambio, otros jefes peronistas de los poderosos distritos de Córdoba (centro), Santa Fe (centro-este) y Entre Ríos (centro-este), todas ellas ricas en producción agrícola, han declarado que no participarán de la movilización.
La decisión de permitir el debate parlamentario fue saludada de inmediato por senadores de la oposición, en una rueda de prensa conjunta en el Congreso.
"Bienvenido que el gobierno, aunque tarde y con todos esos costos, se haya dado cuenta", afirmó Ernesto Sanz, senador de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, quien estimó que "esto ha sido un logro, un triunfo de todos los ciudadanos".
La oposición pidió no obstante que hasta tanto se trate el proyecto, se suspenda el aumento aún vigente de los aranceles a las ventas externas de la soja, cuya cosecha fue valuada este año en unos 24.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno intenta recaudar unos 11.000 millones.
Uno de los que salió fortalecido tras el discurso de Cristina Kirchner fue el vicepresidente Julio Cobos, disidente de la UCR, quien había exhortado a que intervenga el Congreso en la elaboración de una política agropecuaria de consenso, que ponga fin al prolongado conflicto.
La confrontación se inició cuando el Gobierno puso límites a las ganancias por las exportaciones de soja y otros granos como el girasol, el trigo y el maíz, lo que fue considerado confiscatorio por los agricultores.
Argentina es el primer exportador mundial de aceites y harinas de soja, el cuarto de trigo y el segundo de maíz, según estadísticas de la oficina de Agricultura de Estados Unidos, con aval de la Organización Mundial de Comercio.
© 2008 AFP
