San Salvador. Las mujeres salvadoreñas ven una luz de esperanza en defensa de sus derechos luego de que un juez de sentencia respaldó a una joven que fue víctima de violación y fue acusada de homicidio agravado tras perder a su bebé en un parto extrahospitalario.

El caso de Evelyn Beatriz Hernández, de 21 años, lleva meses atrayendo la atención internacional debido a que El Salvador es uno de los pocos países de América Latina que penaliza cualquier forma de aborto.

En el 2017 fue sentenciada a 30 años de cárcel, pero la Sala de lo Penal de la Corte Suprema anuló el fallo en febrero y ella quedó en libertad tras haber pasado 33 meses en prisión. Sin embargo, se ordenó un nuevo juicio con otro juez en un hecho inédito en este país centroamericano que persigue agresivamente a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.

En su resolución del lunes, el juez José Virgilio Jurado afirmó que no había forma de probar el delito, que Evelyn Hernández sufrió un parto complicado y en consecuencia decretó su libertad definitiva

“Este es un cambio fundamental para la Justicia de este país”, dijo la abogada defensora Bertha María Deleón. “Yo creo que el sistema de justicia está comenzando a funcionar de manera distinta con bases en evidencias, pero tenemos que apoyar a las mujeres porque si no están bien representadas (en los juicios) las condenan fácilmente”.

Herrera también hizo un llamado al presidente Nayib Bukele para que cumpla su promesa “que en su gobierno no iban a asumir la presunción de culpabilidad de mujeres pobres que tenían abortos espontáneos”.

Bukele --quien asumió el poder en junio pasado tras unas elecciones en las que fue el candidato de un partido conservador-- ha dicho que cree que el aborto sólo es aceptable si la vida de la madre corre peligro, pero que está “totalmente en contra de criminalizar a las mujeres por tener abortos espontáneos”.

“Si una mujer pobre tiene un aborto espontáneo inmediatamente es sospechosa de haber practicado un aborto”, manifestó en el 2018. “No podemos darle presunción de culpabilidad a una mujer que lo que necesita es ayuda inmediata”.

Herrera agregó que confía en que el mandatario dé lineamientos al Ministerio de Salud para definir protocolos internos que eviten que se denuncie ante las autoridades a mujeres que llegan a los hospitales por emergencias obstétricas, como sangrados en medio de un embarazo.

Contundencia contra aborto

La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico. Tanto las mujeres como los médicos que practiquen abortos son juzgados en los tribunales de justicia. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.

No obstante en casos como el de Evelyn Hernánez, si el delito se cambia a homicidio agravado, aquel provocado en razón del parentesco de la víctima y el victimario, estas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 40 años de prisión.

La abogada Deleón denunció que el Ministerio Público es inflexible con las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado y que sin importar si sus vidas están en peligro o si se trata de niñas que fueron víctimas de abuso sexual, la ley reformada en 1997 castiga el aborto en todas las circunstancias y quienes sean juzgadas pueden recibir la pena máxima de prisión.

También lamentó que la Fiscalía General, pese a que había un fallo de un tribunal superior que decía que no se podría probar dolo en el caso de Hernández, pidió que se aumentar la pena de cárcel a 40 años.

“Judicializamos casos muchas veces por convicciones religiosas, muchas veces por tendencias que no deberían de entrar nunca en un tribunal de justicia”, expresó otro de los defensores, el abogado Arnau Baulenas.

El Salvador es un país profundamente religioso, donde el 80% de la población se identifica como católica o cristiana evangélica.

Junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana, El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado que derogue la ley que prohíbe el aborto, pero de momento no ha habido resultados.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado a El Salvador a revisar las condenas de las mujeres encarceladas por haber abortado.

“Son leyes cavernícolas, pero esto está cambiando y hay que seguir luchando para que las mujeres sean protegidas”, declaró Catalina Sánchez, una mujer de 48 años que vive del comercio informal en el centro histórico de la capital.

Entre el 2014 y el 2018, la organización no gubernamental Agrupación Ciudadana registró 146 mujeres procesadas. De estas, 60 han sido condenadas, 34 por homicidio agravado y 26 por aborto.