700 días en prisión: los últimos reos políticos de Daniel Ortega

Managua. Veintitrés días después de que Luis Carlos Valle Tinoco fue encarcelado, su mamá falleció por cáncer. 709 días más tarde, Luis Carlos continúa en prisión. Es el reo político que más tiempo lleva en una cárcel de la dictadura orteguista: no le permitieron asistir al funeral de su mamá, ha pasado dos navidades y este es su tercer invierno en prisión en tiempos de coronavirus. Luis Carlos fue detenido el tres de julio de 2018, acusado del supuesto robo agravado en una empresa de seguridad. Lo condenaron a cinco años y medio de cárcel: 2009 días en prisión.

A Jhony Castro Hernández, originario del municipio de La Concepción, en Masaya, lo apresaron el nueve de agosto de 2018. Es el segundo reo político más antiguo de la lista: 672 días hasta este once de junio, pese a que tiene una sentencia de casación, que ordena anular su condena.

A un año de la aprobación de la Ley de Amnistía, criticada por estar “hecha a la medida” del régimen, 86 presos políticos continúan en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Son 82 hombres, tres mujeres y una mujer transgénero. Dieciocho de ellos llevan más de un año en la cárcel, y doce de estos dieciocho tienen más de 500 días en prisión.

Confidencial publica, a partir de este jueves once de junio, una serie de reportajes especiales sobre la situación de los reos de conciencia que continúan en prisión y la realidad que enfrentan los 767 excarcelados.

La investigación se basa en los testimonios de presos y excarcelados y el análisis de datos a partir de las listas de presos políticos reportadas por el Monitoreo Azul y Blanco y otros grupos de ciudadanos organizados para registrar las agresiones en el contexto de la represión oficial contra la Rebelión de Abril: el movimiento autoconvocado que se alzó contra Ortega y Murillo en el 2018.

Quienes están fuera de la cárcel enfrentan hostigamientos y amenazas. Decenas han tenido que dejar sus hogares o exiliarse, siguen sin reunirse con sus familiares o tratan de retomar su vida y subsistir en una Nicaragua en recesión económica. De quienes permanecen en la prisión, 37 de los 86 reos políticos actuales han reportado síntomas de covid-19, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. La demanda nacional e internacional por su liberación se topa con los oídos sordos de un régimen, que también es cuestionado por su “ceguera epidemiológica” ante la crisis sanitaria por la pandemia.

Ser preso político con covid-19

Uriel Pérez, originario de Masaya, lleva siete meses como preso político. El último mes lo pasó en una cama del Hospital Alemán Nicaragüense, donde fue ingresado con síntomas de covid-19.

Silvana Pérez, su madre, lo esperó el 12 de mayo en los Juzgados de Managua, donde tenía programada una audiencia de juicio oral y público. Pese a que lleva siete meses en prisión, Uriel es uno de los 49 reos de conciencia que permanece detenido con un proceso judicial en contra, pero sin ninguna condena firme.

El joven nunca fue llevado a aquella audiencia. La madre lo declaró desaparecido y, tras horas de espera y búsqueda, le confirmaron que estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Portón 2 del Hospital Alemán Nicaragüense, donde son remitidos los pacientes de covid-19. Le dijeron que estaba intubado y tenía un diagnóstico de “neumonía profunda”.

Antes de las protestas de 2018, este ingeniero en Sistemas de 30 años, se dedicaba a reparar computadores portátiles y celulares en el mercado de Masaya. Es el mayor de los dos hijos de Silvana, ambos presos políticos del régimen, aunque Víctor, de 27, fue excarcelado a mediados de febrero, tras 90 días en prisión.

Silvana, madre soltera, alimentó y pagó la educación de sus hijos vendiendo carne en el mercado central de la ciudad. Uriel creció escuchando cómo su abuelo, ya fallecido, maldecía al Frente Sandinista. “Era conservador y detestaba todo lo que tenía que ver con el sandinismo”, recuerda un familiar.

El 18 de abril de 2018, cuando miembros de la Juventud Sandinista golpearon a un grupo de adultos mayores en la delegación del Seguro Social, en Masaya, Uriel pensó que “pudo ser el abuelo” y se sumó a las protestas.

Comenzó llevando granos básicos a Monimbó, pero las protestas se prolongaron y Uriel se unió a una organización autodenominada Resistencia Universitaria Nicaragüense. Lanzaban morteros en las protestas y bombas de contacto en las barricadas. La Policía acusó a Uriel y a Víctor de pertenecer a una banda delincuencial y de dedicarse al tráfico de drogas.

Con sus dos hijos presos, Silvana dejó su puesto en el mercado para estar pendiente de ellos en el Sistema Penitenciario. “Es un lugar horrible, ahí no tienen condiciones”, lamenta. A la madre le preocupa el estado de salud de Uriel: es diabético, hipertenso e hígado graso. Víctor reclama que él y su hermano son inocentes y fueron encarcelados por ser “azul y blanco”.

Uriel tuvo fiebre, vómito, diarrea, migraña, tos seca y dificultad para respirar. Cuando fue ingresado, su estado de salud era tan delicado que sus pulmones apenas le respondían. Estuvo tres semanas con un grillete en el tobillo, para que no se fuera a “escapar”. Durante tres días estuvo sedado y al despertar se encontró rodeado de otros pacientes y escuchó de los cuerpos de los fallecidos apilados en los pasillos del centro hospitalario. “Al principio se asustó, pero ya se está recuperando”, afirma el familiar que ha tenido contacto con Uriel.

Julio Montenegro, abogado del grupo Defensores del Pueblo, asegura que Uriel —uno de sus defendidos— es inocente y debe ser excarcelado.

Al enterarse de que su hijo estaba ingresado en el hospital, Silvana imploró por la liberación de los presos políticos. “Que los liberen, porque todos se van a morir, allí no hay condiciones, allí no hay nada”, rogó entre lágrimas. El llanto de la madre no fue escuchado.

El cinco de junio Uriel fue dado de alta. La noticia de su recuperación ha sido “agridulce” para la familia. Mientras completa su recuperación, Uriel fue enviado a una de las celdas de la Galería 300 o El Infiernillo, la zona de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, donde deberá permanecer aislado los próximos días. La celda es un espacio de un par de metros cuadrados, con poca ventilación, acceso limitado a agua y energía eléctrica y poca o nula luz natural.

Pánico en la cárcel por covid-19

La repentina hospitalización de Uriel causó pánico dentro del Sistema Penitenciario Nacional. Los reos de conciencia han transmitido a sus familiares el temor que sienten ante un posible brote en las celdas de La Modelo.

La abogada Yonarqui Martínez, a cargo de la defensa de 26 de los 86 presos políticos, advierte que “la preocupación está en que un inocente pueda fallecer”. Se trata, precisa, de reos políticos en condición vulnerable, debido a que “la insalubridad en el Sistema Penitenciario es grande”: no hay agua potable, no les proporcionan medicinas y hay hacinamiento de hasta 20 personas por celda.

Un conjunto de organizaciones nacionales que velan por los presos políticos afirmó a mediados de mayo que 37 reos de conciencia han presentado síntomas de covid-19, principalmente tos, fiebre y dificultad para respirar. Algunos también han presentado dolor en el cuerpo, ojos, garganta, pérdida del gusto, apetito, y uno de ellos también malestares estomacales. Además, varios tienen enfermedades crónicas o preexistentes como hipertensión o diabetes.

Abogado: ‘Realmente no hubo una amnistía'

De los 86 presos políticos que continúan en la cárcel, 17 son reos de conciencia reencarcelados, que hoy son procesados o están condenados nuevamente por supuestos delitos comunes.

Jaime Navarrete, condenado en 2018 por el supuesto asesinato de un paramilitar, fue excarcelado el diez de junio de 2019, y el 24 de julio fue reencarcelado por presunto tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas; Carlos Bonilla, procesado y sentenciado por la muerte de un antimotín, fue excarcelado el once de junio, se exilió en Costa Rica y al regresar volvió a ser capturado, y ahora le acusan de portación ilegal de armas. Richard Saavedra, también volvió a ser capturado, señalado otra vez por supuesto robo agravado.

Actualmente, “los tres están condenados y con sentencias”, resume Martínez.

Montenegro sostiene que en Nicaragua “realmente no hubo una amnistía, sino que se hizo una resolución mediante auto de un archivo”, de las causas que hoy siguen abiertas. El abogado asegura que el “único caso en el que hubo un cierre definitivo de la causa, fue en el de Pierson Gutiérrez Solís”, exmilitar señalado como responsable del asesinato de la estudiante de medicina Rayneia Lima, de origen brasileño. “Son figuras oscuras, que uno no sabe cómo defender al ciudadano en el ciclo que sigue el proceso”, continúa Montenegro.

De los 17 presos políticos recapturados, siete ya han sido condenados; nueve están siendo procesados y uno fue absuelto, pero sigue en prisión.

Cambio de estrategia represiva

De junio de 2019, cuando se aprobó la Ley de Amnistía, a mayo de 2020, un total de 68 nicaragüenses que han sido encarcelados por razones políticas continúan en prisión: 36 de ellos han sido detenidos entre el ocho de enero y el 30 de abril de este año, incluyendo a 19 encarcelados desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en el país, el pasado 18 de marzo.

Además, otros 18 continúan presos desde antes de la excarcelación de los 106 presos políticos en junio de 2019, como Edward Enrique Lacayo, “la Loba”, de Monimbó, o Jorge García Arancibia, de Matagalpa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en su informe anual sobre la situación de Nicaragua en 2019, que hubo “un cambio en los patrones de la criminalización contra opositores” que, además de dejar en evidencia la completa ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente, tendría por finalidad ocultar que la judicialización de los opositores está basada en razones políticas.

A los primeros presos políticos, que en su mayoría eran estudiantes y autoconvocados, los acusaban de delitos de terrorismo, crimen organizado, y en algunos casos supuestos robos, homicidios, asesinatos, lesiones o daños a la propiedad pública.

En cambio, la mayoría de los actuales presos políticos están siendo procesados o han sido condenados por delitos de tráfico de droga. “¿Por qué tráfico de droga? Porque es un delito en el que no se puede obtener ningún beneficio para el detenido”, explica la abogada Martínez.

Las irregularidades en los procesos judiciales también se han impuesto como norma: las audiencias judiciales son reprogramadas constantemente, los detenidos son procesados fuera de sus ciudades de origen y los jueces rechazan sistemáticamente las pruebas de la defensa.

“Lo que hacemos —agrega Montenegro— es complementar con pruebas documentales, videos, fotografías, capturas de pantalla de conversaciones”, donde se demuestre la vinculación política del reo.

La última vez que hubo una excarcelación de presos políticos fue en febrero de 2019: un total de ocho reos entre quienes estaba Víctor Pérez, el hijo de Silvana y hermano de Uriel. Otros dos fueron “indultados” dos días más tarde, pero cuando el régimen excarceló a 2815 reos comunes a finales de mayo, la lista no incluyó a ningún preso político.

Wilfredo Brenes y Karla Escobar, ambos originarios de Masaya, son los presos políticos más recientes en el listado del Monitoreo Azul y Blanco. Ambos están recluidos en las celdas del nuevo Chipote, en Managua. A pesar de que no tienen ninguna condena, este once de junio han completado 42 días en la cárcel.

*Este reportaje es parte de la serie especial de CONFIDENCIAL: “Presos políticos de Nicaragua”