Desde el viernes, los fuegos artificiales y las canciones revolucionarias marcaron las celebraciones en todas las ciudades del país.
“La alegría que animó a los libios en las ciudades y las aldeas los días 15 y 16 de febrero les permitió probar al mundo que son un pueblo civilizado, que se sublevó contra la injusticia y la tiranía y ganó su libertad”, manifestó ayer el primer ministro, Ali Zeidan.
El momento crucial de las conmemoraciones se llevó a cabo en un mitin en la plaza Tahrir, en la capital Bengasi, en presencia de Mohamed al-Megaryef, presidente de la Asamblea Nacional, la principal autoridad del país, y de varios miembros del Gobierno.
Los servicios de seguridad, el ejército y los exinsurgentes fueron movilizados para garantizar la seguridad en las ciudades libias, donde se colocaron numerosos controles, y el Gobierno cerró la frontera terrestre durante cuatro días. También se suspendieron varios vuelos internacionales.
En Bengasi, el espontáneo ambiente festivo no impidió que los manifestantes criticasen a las nuevas autoridades, pidiendo sobre todo que “corrijan el proceso revolucionario” y exigiendo una mayor descentralización del poder.
Según estos contestatarios, las nuevas autoridades no hicieron progresos en la búsqueda de los “objetivos de la revolución”. Para ellos, el nuevo régimen tardó en activar la justicia, en dar un nuevo impulso a la economía y en progresar en la redacción de una constitución que debería definir el futuro político del país.
El militante en favor de los derechos humanos Naser Huari lamentó que “la democracia, que exigen los libios, es todavía un objetivo lejano”, y mostró su disconformidad debido a que “no se haya hecho nada para lograr la justicia social”.
Las autoridades son acusadas de haber fracasado en la tarea de imponer su autoridad ante las milicias armadas, la excesiva violencia, e imponer su ley y formar un ejército y servicios de seguridad profesionales unidos.
Los revolucionarios, organizados en milicias, que combatieron a las fuerzas de Gadafi hasta la muerte del exdirigente el 20 de octubre del 2011, son considerados responsables de la inseguridad imperante y un obstáculo para el proceso de reconstrucción del Estado.