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Tegucigalpa. AFP. Honduras recibió dividida el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que el miércoles declaró inconstitucional el proyecto del gobierno de crear “ciudades modelo” , estilo Hong Kong, rechazadas por sectores que las consideran un “Estado dentro de otro Estado”.
“Me siento triste porque lo que el Congreso quería era darle empleo a los hondureños. Se echa por tierra la posibilidad de generar 200.000 empleos en los próximos años”, afirmó el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández.
En contraste, el profesor universitario Wilfredo Girón, uno de los opositores al proyecto, dijo que “por primera vez la CSJ ha actuado de una forma correcta” y agregó que ahora lo que cabe es que la fiscalía acuse a promotores de la iniciativa de “traición a la patria”.
El Congreso de Honduras aprobó en julio de 2011 una ley que creaba las llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), la cual permitía seccionar zonas de territorio para entregar en administración a grupos empresariales extranjeros.
La iniciativa fue definida inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte hace diez días y el fallo fue ratificado la noche del miércoles por trece de los quince magistrados de la Corte Suprema.
La propuesta fue impulsada por el presidente Porfirio Lobo para, según dijo, generar focos de desarrollo en este país, en que el 70% de sus 8,4 millones de habitantes vive en la pobreza.
Sin embargo, un fuerte movimiento de oposición se levantó contra la iniciativa, calificada como una manera de entregar la soberanía del país. Un total de 70 recursos de inconstitucionalidad fueron presentados contra el proyecto.
Para el diputado oficialista Oswaldo Ramos, las “ciudades modelo” eran para Honduras “una luz al final del túnel”, por lo que no queda más que lamentar la decisión, que es inapelable.
“Nos sorprendió el fallo porque esta Corte está sometida al poder y así como se encuentra no teníamos muchas esperanzas” (de que fuera rechazada la ley), dijo el jurista Fredín Fúnez, uno de los promotores de los recursos de inconstitucionalidad contra las ciudades modelo.
Bajo administración de un gobernador, con sistema de justicia y seguridad propios, estas ciudades privadas iban a ser zonas concedidas a inversionistas extranjeros mediante concesiones de hasta ocho décadas, en una extensión de 33 km² cada una.
