Buenos Aires, Argentina. “Aguantar” se volvió la palabra más repetida en el bloque libertario. Lo era desde hace semanas, ante lo vaivenes económicos y la seguidilla de derrotas parlamentarias, pero se convirtió en un mantra tras la denuncia contra José Luis Espert −el primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza (LLA)− por presuntamente haber recibido aportes de campaña de un empresario investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.
Con la pelea electoral en marcha, nadie en el oficialismo quiere exponerse de más: esperan que el diputado se defienda solo.
El tema irrumpió anoche en la habitual reunión de los martes, donde los diputados de LLA afinan su estrategia. Esta vez, la cita fue la antesala de la apertura del debate por el presupuesto 2026, que quedará atravesada por la polémica: el kirchnerismo pedirá la remoción de Espert de la presidencia de la comisión encargada de conducir la discusión.
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Espert enfrenta una denuncia penal, presentada por Juan Grabois en los tribunales federales de San Isidro, quien lo acusa de haber tenido vínculos con Federico “Fred” Machado, empresario detenido en la Argentina y reclamado por Estados Unidos en una causa por narcotráfico. El caso quedó en manos del juez Lino Mirabelli.
La sola mención de Espert incomoda a sus pares. El diputado es la cara visible de la elección bonaerense y, al mismo tiempo, un factor de tensión interna. “Nadie lo quiere”, admiten en LLA. Pero también reconocen que dejarlo jugar por fuera de su espacio en la provincia de Buenos Aires “podía hacer mucho daño”.
Por eso, el bloque optó esta vez por una estrategia inusual: el silencio. Una herramienta que no usaron en otras polémicas, pero que consideran imprescindible ante un tema sensible como el narcotráfico, una de las banderas que levantaron desde el inicio de la gestión y que cristalizaron en el Congreso con la ley “antimafias”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, marcó la línea: “Es muy importante aclarar la situación ya”. El mensaje bajó al bloque: ante preguntas incómodas, se responderá que la Justicia debe expedirse, que Espert dará explicaciones y que el kirchnerismo carece de autoridad moral para hablar de corrupción.
En sintonía, el vocero presidencial Manuel Adorni reforzó el libreto: “Si hay algo que explicar, lo explicará Espert. Esto ya pasó antes, se lo vienen remontando desde que lo conozco. Te puedo asegurar que el 27 de octubre no hay una operación más en la Argentina”, dijo el lunes LN+.
Peso electoral y dudas internas
Espert representa para LLA la disputa por más del 40% de los votos en el país y es la llave para competir en el bastión kirchnerista bonaerense, además de la posibilidad para robustecer la bancada oficialista en Diputados. Pero las dudas sobre su capacidad electoral son viejas. “Es muy gorila”, critica un compañero de bloque, convencido de que la única carta para romper la imagen elitista es poner a Javier Milei en la cancha. “La campaña es Javier”, repiten.
Con el correr de las polémicas, Espert fue perdiendo visibilidad en el Congreso. Llegó como uno de los principales voceros del oficialismo, al frente de Presupuesto, pero su protagonismo se diluyó: ya casi no habla en el recinto y se limita a convocar a su comisión cuando el Gobierno lo necesita o cuando se lo exige el pleno.
El diputado ya había quedado bajo la lupa en otros episodios. Fue uno de los promotores de la versión 2 de la criptomoneda $LIBRA −antes de atribuir a un supuesto hackeo las publicaciones en su cuenta de X−, y también quedó involucrado en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad por su cercanía con Diego Spagnuolo, extitular del organismo. A esto se suma un antecedente de la campaña de 2023: Lilia Lemoine, hoy su compañera de bancada, lo acusó públicamente de ser “traicionero” y de haber tenido “problemas con narcos” en su antiguo espacio político, Despertar, con el que Espert compitió por la presidencia en 2019. Ahora, Lemoine guarda silencio.
El kirchnerismo quiere avanzar en su desplazamiento de la presidencia de Presupuesto, pero las chances son limitadas. El artículo 107 del reglamento de Diputados establece que los presidentes de comisión duran dos años en el cargo −en este caso, hasta el 30 de noviembre− y solo pueden ser removidos por renuncia o por resolución del pleno.
El proyecto de la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y a Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de la macrista Silvia Lospennato.
El camino es largo, el tiempo escaso y el kirchnerismo no tiene garantizadas las mayorías necesarias. Mientras tanto, los libertarios se atrincheran: resistirán en la comisión y hasta deslizan que podrían insistir al Poder Ejecutivo que asista al debate el ministro de Economía, Luis Caputo −una figura requerida por la oposición−, para correr el eje de la discusión.