Tlahuelilpan. Las autoridades mexicanas registran 85 fallecidos por la explosión del ducto de gasolina en Tlahuelilpan que ocurrió el viernes.
Los habitantes del pueblo dicen que ladrones de combustible solían reunirse en la sección del oleoducto de la que se fugó el hidrocarburo, la cual había sido dañada y reparada repetidas veces.
“Era la toma popular” , dijo Enrique Cerrón, de 22 años, que vive cerca del campo de cultivo donde ocurrió el estallido. “Podías pasar a las 11, 12 del día y veías gente cargando aquí”.
El viernes, en medio de una escasez nacional de combustible en las gasolineras mientras el gobierno intenta combatir el robo generalizado, esta sección particular del oleoducto comenzó a operar de nuevo tras haber estado cerrada casi cuatro semanas, y entonces alguien decidió picarla de nuevo. Rápidamente se extendió la noticia por la comunidad de 20.000 habitantes de que la gasolina estaba fluyendo otra vez, y salieron en tropel hacia allá.
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Cientos llegaron al sitio de la rotura, portando bidones de plástico y con los rostros cubiertos con pañuelos. Algunos arrojaron piedras y agitaron palos en dirección de los soldados que intentaban alejarlos de allí. Hubo personas que llevaron a sus niños.
Tlahuelilpan es una comunidad principalmente agraria que se ubica a 90 minutos de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, y a sólo 13 kilómetros de la refinería de Tula, operada por la paraestatal Petróleos Mexicanos.
Está rodeada de verdes campos de alfalfa y chimeneas de plantas de generación eléctrica, y es relativamente próspera para los estándares rurales mexicanos. Estadísticas del gobierno estatal muestran que aproximadamente la mitad de la comunidad vive en pobreza moderada, lo cual concuerda con el promedio nacional.
Al principio la fuga de gasolina era manejable, dicen los habitantes, emitiendo un borbollón que permitía llenar pequeñas cubetas. Pero a medida que la multitud creció hasta llegar a más de 600 personas, la gente se impacientó.
Fue entonces cuando un hombre introdujo una varilla en el agujero, según Irma Velasco, que vive cerca del campo de alfalfa donde se produjo la explosión, y la gasolina se elevó 6 metros hacia el cielo.
Se desató un ambiente festivo. Adultos exultantes se empaparon al manipular jarras llenas de gasolina que les pasaban a personas que se iban corriendo con ellas. Familias y amigos formaron cadenas humanas y puestos de guardia para almacenar los contenedores de combustible.
Durante casi dos horas, más de una docena de soldados se mantuvieron apostados a orillas del campo, advirtiéndole a los civiles que no se acercaran. Las autoridades dicen que los militares eran inferiores en número y tenían órdenes de no intervenir. Apenas una semana antes, algunas personas de otro pueblo habían golpeado a algunos soldados que intentaron impedirles surtirse de combustible propiedad del Estado.
Cerrón estaba en el corazón del caos cuando intuyó un creciente peligro.
Pasó frente a soldados que advertían a los que llegaban a saquear que se alejaran del lugar. Va a explotar, decían. Y así fue. Una vez que llegó a casa, Cerrón volteó a echar un último vistazo. Lo único que vio fueron llamas.
Para el domingo por la noche el número de muertes por el estallido del viernes había aumentado a 85 personas y otras 58 permanecían hospitalizadas, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Docenas más siguen desaparecidas.
Nueve de los 68 restos hallados en el lugar han sido identificados, pero podrían requerirse meses para identificar al resto, dijo Omar Fayad, gobernador del estado.
Pero el fiscal general Alejandro Gertz descartó presentar cargos contra los habitantes, que simplemente recolectaban el combustible derramado, y en particular a los hospitalizados por las quemaduras.
“Mire, nosotros no vamos a victimizar a las comunidades” , señaló. “Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia” .
El desastre ocurrió apenas tres semanas después de que López Obrador lanzara una ofensiva contra los grupos dedicados al robo de combustible, los cuales realizan peligrosas perforaciones ilegales en los oleoductos a un sorprendente ritmo de 12.581 ocasiones en los primeros 10 meses de 2018. Las medidas han derivado en desabasto de combustible en las gasolineras de todo el país debido a los cambios en la distribución, tanto legal como ilegal.
De acuerdo a las autoridades, el ducto dentro y en los alrededores de Tlahuelilpan fue perforado 10 veces en los últimos tres meses.