Madrid, España. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha alertado este jueves de que la absolución en la víspera del empresario Yorgen Fenech, considerado el autor intelectual del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017 con un coche bomba, sienta un peligroso “precedente” en Europa.
“El veredicto de ayer significa que, casi nueve años después de que el asesinato de Daphne Caruana Galizia conmocionara a Europa, Malta todavía no ha condenado a la persona que orquestó el crimen. Es una situación desgarradora para su familia, que ha luchado incansablemente por obtener justicia”, ha lamentado el subdirector de incidencias del CPJ, Tom Gibson, en un comunicado.
Gibson ha tildado de “devastador para todos los periodistas” el veredicto del jurado que absolvió al empresario por complicidad y conspiración-, habida cuenta de que la prensa busca “exigir responsabilidades a los poderosos, tanto en Malta como en todo el continente”.
En este sentido, ha cuestionado al Estado por sus “promesas” sobre la seguridad de los periodistas y el respeto a las leyes, aludiendo a que Malta “no ha cumplido con la mayoría de ellas”. “Eso es inaceptable. Seguiremos haciendo campaña en pro de la reforma y apoyando a la familia de Daphne Caruana Galizia hasta que se haga justicia”, ha argüido.
El CPJ se ha hecho eco así del comunicado publicado por la familia en redes sociales tras el veredicto del jurado. “Durante el juicio de Fenech, que ha durado meses, hemos oído hablar a muchas personas, pero nunca volveremos a ver ni a oír a Daphne. La rendición de cuentas ya es necesaria para todos aquellos que permitieron, facilitaron o protegieron a sus asesinos”, sentenció.
El polémico caso de Caruana
La familia de la periodista acudió a los tribunales exigiendo la retirada del caso de Silvio Valletta, excomisionado adjunto de la Policía de Malta, y casado con Justyne Caruana, entonces ministra del Gobierno del Partido Laborista, por falta de imparcialidad después de que trascendiera que mantenía una estrecha relación con Fenech, con quien llegó a viajar al extranjero mientras dirigía las pesquisas.
A las irregularidades en la gestión de las pruebas se sumaron las constantes filtraciones de información confidencial sobre el estado de la investigación, que permitieron a los implicados en el crimen anticiparse durante años a las acciones de las autoridades.
Según las investigaciones, el empresario pagó presuntamente a los sicarios alrededor de 150.000 euros para matar a la periodista, que meses antes de su muerte había revelado la existencia de una empresa opaca registrada en Emiratos Árabes Unidos llamada 17 Black, propiedad de Fenech y utilizada para transferir presuntas comisiones irregulares a altos cargos del Gobierno de Malta.
Otras dos personas, Robert Agius, conocido como ‘Ta Maksar’, y su socio Jamie Vella, fueron declaradas culpables en junio de 2025 por suministrar la bomba que mató a la periodista. En 2022 otros dos hombres, los hermanos George y Alfred Degiorgio, fueron condenados a cumplir 40 años de prisión tras admitir haber colocado y detonado la bomba. Un tercer cómplice, Vince Muscat, fue condenado a 15 años tras confesar y revelar detalles del crimen.
Caruana Galizia fue asesinada con un coche bomba el 16 de octubre de 2017 a los 53 años en su domicilio en Bidnija. En el momento de su asesinato, se encontraba investigando un caso vinculado a los Papeles de Panamá y relacionado con presuntos sobornos canalizados desde 17 Black hacia empresas pantalla que el jefe de gabinete del ex primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembi, y el ministro de Turismo, Konrad Mizzi, poseían en Panamá.
Fenech, quien fuera máximo responsable del Grupo Tumas y consejero de la empresa ElectroGas Malta, fue detenido en noviembre de 2019 mientras navegaba con su yate al salir de un puerto deportivo en Malta. La acusación se basó en las pruebas aportadas por su chófer, Melvin Theuma, quien confesó haber actuado como intermediario en el asesinato y recibió un indulto a cambio de su testimonio.
La detención, sumada a las sospechas de que altos cargos del Gobierno también estaban implicados, desencadenó protestas en todo el país en diciembre de 2019 que pusieron sobre las cuerdas al entonces primer ministro, Joseph Muscat. La periodista también reveló que la esposa del ‘premier’ poseía una empresa en Panamá llamada Egrant.