Caracas
El consejo electoral venezolano negó a María Corina Machado su inscripción como candidata a los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre, denunció la dirigente opositora, recientemente inhabilitada para ejercer cargos públicos.
"El régimen da un paso más en su arremetida contra mí. No me quieren permitir postular mi nombre como diputada a la Asamblea Nacional", dijo Machado tras intentar inscribir su candidatura en el órgano electoral.
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Machado fue notificada de su inhabilitación el pasado 13 de julio, cuando recibió un documento emitido por la Contraloría que le impide ejercer cargos públicos por un año.
La dirigente es, junto con el encarcelado líder opositor Leopoldo López, una de las promotoras de "La Salida", estrategia para forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro mediante manifestaciones callejeras que degeneraron en actos de violencia y dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
Machado, aspirante por la coalición opositora Mesa de la Unidad, fue destituida como parlamentaria por la mayoría chavista en la Asamblea el 1 de abril de 2014 por haber asistido, el 21 de marzo de ese año, a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) como "representante alterna" del gobierno de Panamá.
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Panamá, país con el que Venezuela rompió relaciones diplomáticas el 5 de marzo de 2014, invitó a Machado a una sesión de la OEA para hablar de las protestas que se desarrollaban entonces en Venezuela.
Tras su destitución, la exdiputada fue interrogada por la Fiscalía como parte de una investigación sobre un supuesto plan de magnicidio contra Maduro en el marco de las manifestaciones.
Durante aquellas protestas, que denunciaban la inseguridad, el deterioro de la economía (con una inflación de 68,5% en 2014) y la escasez de productos básicos, fueron detenidos Leopoldo López, Daniel Ceballos —exalcalde de San Cristóbal (oeste)— y Enzo Scarano, exalcalde de San Diego (Carabobo, norte de Venezuela).
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Scarano y Ceballos, quienes fueron destituidos de sus respectivos cargos en 2014, denunciaron el pasado julio que también fueron inhabilitados por la Contraloría para participar en las elecciones.
El 3 de julio, Pablo Pérez, exgobernador del estado Zulia (oeste), denunció igualmente que fue inhabilitado por el mismo organismo para ejercer cargos durante 10 años. Antes, en agosto de 2014, el ex candidato presidencial Manuel Rosales recibió una notificación similar, que lo desarma políticamente por 7 años y 6 meses.