Río de Janeiro
Una nueva acusación cayó este viernes contra el expresidente Lula, cuando el Senado decide el futuro político de Brasil con la probable salida de Dilma Rousseff y del izquierdista PT del poder.
La Policía Federal de Brasil inculpó al emblemático Lula de beneficiarse de los sobornos de algunas de las empresas de la trama corrupta de Petrobras.
La acusación no podría ocurrir en peor momento: el Senado brasileño se encuentra sumido en los debates para decidir si despoja del cargo a Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas.
Sin embargo, el masivo escándalo de corrupción en Brasil parece ser el principal punto en el menú del dramático juicio.
"¿Qué moral tiene el Senado para someter a juicio a Dilma?", lanzó la senadora Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores (PT), al inicio de las sesiones el jueves.
La pregunta disparó gritos y agravios, repetidos llamados al orden y suspensión de los debates, en el segundo día de las sesiones este viernes, en las que la defensa presenta sus argumentos en favor de la mandataria, de 68 años, primera mujer en asumir la presidencia de Brasil.
Si Rousseff es destituida, se pondrá fin a más de 13 años de gobiernos del PT, golpeado por las revelaciones de masivos escándalos de corrupción, incluido el fraude a la petrolera Petrobras.
El Senado se convirtió en "¡un manicomio!", se quejó su jefe, Renan Calheiros, emblemático legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño.
Los debates en el Senado no son más que un reflejo de la profunda polarización en Brasil. Todo en un contexto amargo: la mayor economía latinoamericana atraviesa la peor recesión en décadas, con una inflación de más del 10%, desempleo que afecta a 11 millones de personas.
De los 81 senadores que deciden el futuro político de la exguerrillera, más de la mitad tiene causas pendientes o es investigado por corrupción, incluido Calheiros y Hoffmann.
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Cargos. Y una vez más Lula fue puesto en la mira. La Policía inculpó al expresidente por corrupción y lavado de dinero, en el marco de una investigación relacionada con el megafraude a Petrobras, que le costó a la estatal $2.000 millones.
El informe debe ser analizado por la Fiscalía en los próximos 90 días para decidir si presenta cargos ante la Justicia.
Lula, de 70 años, está sometido a tres investigaciones en la llamada Operación Lava Jato (lavado de autos), en el que grandes empresas privadas sobornaron a ejecutivos de la petrolera a cambio de suculentos contratos.
La Policía recomendó acusar a Lula en esta oportunidad por la presunta adquisición de un apartamento y una chacra de forma irregular con la colaboración de la empresa OAS, involucrada en esa trama de corrupción.