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Río de Jainero
La Policía Federal (PF) de Brasil detuvo este jueves al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral (2007-2014) como cabecilla de una "organización criminal" que desvió decenas de millones de dólares de obras públicas, entre ellas la reforma del estadio Maracaná.
La operación se llevó a cabo en un marco de protestas de funcionarios de Río contra los proyectos de recortes presentados por el actual Gobierno, para tapar un rojo fiscal que quebró al segundo Estado más rico y más poblado del país.
La víspera, otro exgobernador, Anthony Garotinho (1999-2002), fue detenido por supuesto fraude electoral en los comicios municipales del mes pasado.
Unos 230 agentes realizaron desde las primeras horas del jueves 38 procedimientos, incluyendo ocho órdenes de prisión preventiva, entre ellas las de Cabral, y dos de prisión temporaria, precisaron la PF y el Ministerio Público Federal (MPF).
La operación deriva de la investigación Lava Jato (Lavadero de autos), que desde 2014 llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos por su implicación en una red de sobornos que fraguaba licitaciones en la estatal Petrobras.
"Las investigaciones apuntan a la práctica de corrupción en la contratación de diversas obras llevadas a cabo durante el gobierno de Sergio Cabral, entre ellas la reforma del Maracaná para acoger la Copa del Mundo de 2014", así como un programa de urbanización de favelas (PAC Favelas) y el Arco Metropolitano, una autopista inconclusa, precisó el MPF.
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Las principales constructoras implicadas son Andrade Gutierrez y Carioca Engenhieria, que "habrían efectuado pagos de valores solicitados como sobornos por un monto provisoriamente estimado en 224 millones de reales" (unos 66 millones de dólares al cambio actual), señala el organismo en un comunicado.
"Los integrantes de la organización criminal de Sergio Cabral se apoderaron y lavaron una fortuna inmensa, que incluyó la compra de bienes de lujo, así como la prestación de servicios por parte de consultoras ficticias" entre el 2007 y el 2014, agrega.
"Cabral recibió, entre el 2007 y el 2011, al menos 2,7 millones de reales de la constructora Andrade Gutierrez, mediante entregas de dinero en efectivo", precisa.
La esposa de Cabral, Adriana Ancelmo, forma parte de las personas conducidas para interrogación.
Las investigaciones se llevaron a cabo en coordinación con las autoridades de Curitiba (sur), donde opera el juez Sergio Moro, a cargo de las pesquisas del Lava Jato que no implican a personas con fuero privilegiado (ministros y legisladores). Los expedientes de estos últimos están en manos de la corte suprema.
"Las investigaciones de la Operación Lava Jato en Curitiba revelaron crímenes de corrupción consistentes en el pago de ventajas indebidas al entonces gobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral, relacionadas con el contrato entre Andrade Gutierrez y Petrobras relacionadas con el nivelado del Complejo petroquímico de Rio de Janeiro (Comperj)", explica el comunicado del MPF.
Cabral fue elegido gobernador en el 2006 y reelecto en el 2010 como candidato del partido de centroderecha PMDB, el mismo al que pertenece el presidente Michel Temer. Renunció en el 2014, acosado por las denuncias de corrupción y su baja popularidad.
En medio de la peor recesión nacional en un siglo y golpeado por la caída de los precios del petróleo, Río de Janeiro está prácticamente en quiebra con un déficit de 17.500 millones de reales ($5.400 millones) previsto para este 2016.
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El actual gobernador, Luiz Fernando Pezao (que fue vice de Cabral), presentó un plan de rescate de las cuentas públicas que incluye un aumento de los descuentos aplicados en las jubilaciones de funcionarios públicos, aumentos de las tarifas de transportes y servicios básicos y recortes en programas asistenciales.
Miles de personas protestaron el miércoles contra ese proyecto frente a la Asamblea Legislativa de Río, en una manifestación que derivó en enfrentamientos con la Policía.
La Operación Lava Jato ya tiene en la mira a numerosos políticos y podría dar un salto cualitativo con la admisión de la confesión, considerada inminente, de decenas de ejecutivos de la constructora Odebrecht, en el centro del monumental fraude a la petrolera.
Sin embargo, también está amenazada por iniciativas del Congreso que podrían conducir a la amnistía de donaciones de campaña no declaradas (Caja 2), que suelen encubrir delitos graves, como el lavado de dinero proveniente de la corrupción.
"La sociedad debe mantenerse vigilante (...), observar al Congreso y seguir atentamente los debates sobre las medidas contra la corrupción", instó el fiscal Athayde Ribeiro Costa en una conferencia de prensa.
