El expresidente de Costa Rica Óscar Arias pidió este jueves, en la Asamblea Nacional de Venezuela, que se libere a todos los presos políticos del país sudamericano.
"La liberación de todos los presos políticos es una señal obligatoria por parte de un régimen cuyo récord democrático ha transitado de cuestionable a deshonroso (...) Lo digo sin exagerar: de la libertad de los presos políticos depende que Venezuela pueda volver a ser reconocida como una democracia que respeta los derechos humanos", dijo el exmandatario en el discurso que pronunció durante una sesión especial de la Asamblea Nacional.
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Arias, quien también participará en un seminario sobre derechos humanos, criticó, fuertemente, a la administración de Nicolás Maduro, que según el premio Nobel tiene a Venezuela atrapada en una crisis económica, social e institucional.
"Partamos, entonces, de la más elemental honestidad: Venezuela atraviesa actualmente una emergencia humanitaria que es consecuencia directa de políticas públicas equivocadas; de una estructura endógena en donde la riqueza se ha esfumado entre la ocurrencia, la corrupción y la ineficiencia. (...) Prolongar la situación actual es, en el mejor de los casos, empujar una utopía fenecida, y, en el peor, aferrarse al poder por el poder, y proteger canonjías a costa del bienestar de millones de ciudadanos", dijo Arias sobre la administración de Maduro.
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En lo económico, el exmandatario recomendó a los venezolanos abandonar el modelo económico actual, devolver la seguridad jurídica al sector privado y negociar la normalización de la economía con organismos internacionales.
El costarricense también dijo que es importante enfrentar la violencia que afecta al país y revertir la concentración de poder.
La visita de Arias se realiza luego de que la oposición, mayoría en la Asamblea, aprobara, en primer debate, una ley de amnistía para unos 75 opositores presos, entre ellos Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión.
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Maduro adelantó que vetará la ley por considerar que ampara a "asesinos", como considera a López, quien fue condenado por "llamar a la violencia" en protestas que exigían la renuncia del mandatario y dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
Discurso completo de Óscar Arias
Señor Henry Ramos, Presidente de la Asamblea Nacional; Señoras Diputadas, Señores Diputados; amigas y amigos:
Quiero agradecer a cada uno de ustedes, y a través de ustedes al pueblo de Venezuela, por la invitación para hablarles esta mañana.
Quien ha escogido la senda de la política, aprende muy pronto que su oficio le ofrecerá pocas oportunidades para la osadía, y que la práctica cotidiana de la función pública es modesta en sus alcances y también en sus efectos. Y, sin embargo, hay ocasiones en que las fuerzas convergen de forma decisiva, y una clase política se ve a sí misma sosteniendo el hilo del destino entre los dedos. Hay coyunturas en que no es hipérbole decir que un grupo de representantes tiene, si no la capacidad de operar milagros, sí la responsabilidad de evitar catástrofes. Esa es la condición de esta Asamblea Nacional. Ese es el sagrado mandato que ha recibido, en las urnas, cada uno de ustedes: la labor de evitar un daño mayor al pueblo venezolano.
Es cínico pretender ocultar la realidad. Es cínico dar explicaciones implausibles a las madres que apenas tienen alimento para sus hijos, a los hospitales que carecen de medicinas para sus pacientes, a los comercios que operan en los intervalos entre apagones eléctricos y racionamientos de agua. Es cínico hablar de conspiración internacional, de guerra económica, de inflación inducida, de sabotaje del sector privado, a quienes han sido testigos de primera mano de los errores y los abusos cometidos por las propias autoridades, y de los excesos en la implementación a ultranza de un modelo que ha fracasado en todas partes. No puede un gobierno decirle a su pueblo "no confíes en lo que ves, sino en lo que te digo", porque nadie tolera que le obliguen a engañarse a sí mismo. Ninguna campaña de opinión pública, por más orwelliana, logrará ganarle la carrera a la evidencia.
Partamos, entonces, de la más elemental honestidad: Venezuela atraviesa actualmente una emergencia humanitaria que es consecuencia directa de políticas públicas equivocadas; de una estructura endógena en donde la riqueza se ha esfumado entre la ocurrencia, la corrupción y la ineficiencia. Concurren en este escenario tres crisis paralelas y mutuamente reforzadas: una crisis económica, una crisis social y una crisis institucional.
Empiezo por la crisis económica, que en este momento ejerce mayor presión sobre las condiciones de vida de los venezolanos. Dos cosas resultan evidentes: primero, que no es posible salir de esta crisis profundizando el modelo económico actual, sino abandonándolo. Y segundo, que ese golpe de timón implicará una difícil transición para todos los venezolanos, en particular para los sectores más débiles de la sociedad.
El tiempo apremia. Cada día que pasa se hace más oneroso el ajuste y más lenta la recuperación. Es inútil invocar el pasado y preservar al statu quo. Prolongar la situación actual es, en el mejor de los casos, empujar una utopía fenecida, y, en el peor, aferrarse al poder por el poder, y proteger canonjías a costa del bienestar de millones de ciudadanos.
Venezuela no puede esperar meses, ni siquiera semanas, para corregir las profundas distorsiones en los precios, las distintas tasas de cambio que enriquecen a unos pocos empobrecen a la mayoría, las subvenciones irracionales, y en particular las limitaciones al derecho a la propiedad y al ejercicio de la actividad económica. Es urgente devolverle al sector privado la seguridad jurídica y la confianza necesaria para inyectar recursos en el país y generar empleos. Venezuela únicamente logrará salir del marasmo mediante la labor conjunta del sector público y el sector privado, una labor que permita aumentar la inversión, diversificar la economía y abandonar esa condena disfrazada de bendición que es disponer de la mayor reserva de petróleo sobre la Tierra.
La recuperación requerirá también de la asistencia de los organismos financieros internacionales. El chavismo pudo satanizar el financiamiento externo durante el tiempo en el que la factura petrolera sufragó la cuenta de apasionadas proclamas de soberanía. Esa cuenta está hoy sobregirada. No hay soberanía en las filas de anaqueles vacíos en los supermercados, en la zozobra de los diabéticos sin insulina, en la desesperanza de quienes han visto evaporarse, con la inflación delirante, los ahorros de toda una vida. No hay soberanía en el drama de un pueblo cuya verdadera suerte se juega en el mercado negro. Negociar con los organismos internacionales no es, pues, una renuncia al compromiso con la justicia social. Por el contrario, es la única forma de preservar ese compromiso. Lo que queda del sueño chavista, el sueño de una sociedad más solidaria y más equitativa, demanda un baño de realidad, la valentía de admitir errores y la voluntad de negociar un nuevo rumbo para la economía.
Si la prioridad del programa de ajuste debe ser, en lo económico, generar confianza, en lo social debe enfocarse en proteger a los sectores más débiles de la población. Esto me lleva a la segunda crisis que he mencionado: el severo deterioro social que ha venido experimentando Venezuela, en forma de aumento de la pobreza y de la delincuencia. Si en algún momento la revolución bolivariana se justificó por sus intenciones, hoy es menester juzgarla por sus resultados. Una mayoría de este país vive en condiciones que no pueden calificarse como dignas. A la escasez y la necesidad, se suma el temor y la desconfianza, fuerzas que carcomen el tejido social. No es posible ufanarse de promover una agenda progresista y hacerse de la vista gorda ante el hecho de que Caracas se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo, ¿o es que eso también se explica por una conspiración internacional?
Algunas de estas tendencias tardarán años en revertirse, pero su atención no puede posponerse: por más difícil que sea, el proceso de ajuste debe, al mismo tiempo, rescatar la economía y prevenir un descalabro social aún mayor, mediante redes de asistencia que se encuentran ya instaladas, aunque deben fortalecerse y despolitizarse.
Dentro de la crisis social quiero también incluir la dolorosa polarización que actualmente exhibe la población venezolana, atizada en muchos casos desde las cúpulas del poder. Un mejor futuro para Venezuela no está en la exterminación política de unos por otros, ni en la supresión de un movimiento o una agrupación, cualquiera que sea. Un mejor futuro para Venezuela está en la reconciliación, la tolerancia y la disposición de trabajar conjuntamente por el progreso de un pueblo que no necesita añadirle, a la carestía, el conflicto social.
El primer signo de esa reconciliación es, y debe ser, la liberación de todos los presos políticos, que tramita esta Asamblea Nacional bajo el proyecto de ley de amnistía. Esta es una señal obligatoria de parte de un régimen cuyo record democrático ha transitado de cuestionable a deshonroso. Cada líder de la oposición que se encuentra en prisión, en arresto domiciliario, o en juicio por causas espurias, es una prueba indiscutible de autoritarismo, y una afrenta que aísla más y más al gobierno de Nicolás Maduro. Lo digo sin exagerar: de la libertad de los presos políticos depende que Venezuela pueda volver a ser reconocida como una democracia que respeta los derechos humanos.
Y de democracia se trata. La crisis institucional es la más insidiosa de todas, porque subvierte los mecanismos por los cuales puede atenderse la crisis económica y la crisis social. La desaparición de los límites que separan a los poderes del Estado, el creciente control militar sobre las funciones civiles, la flagrante falta de independencia de los órganos contralores y supervisores, la interpretación complaciente de la legislación, los límites a la libertad de prensa, la persecución a la oposición, han permitido que el modelo se perpetúe más allá de su agotamiento.
El sistema de pesos y contrapesos existe no solo para prevenir los abusos y respetar las libertades, sino también para garantizar un buen gobierno. Un régimen que concentra el poder no puede decir que le sirve al pueblo porque remueve, por ese acto, el control de calidad de la gestión pública. Servirle al pueblo es someterse a su escrutinio, es ser interpelado y rendir cuentas. La transparencia no tiene signo político. Ser transparente es de demócratas, de la izquierda o de la derecha.
Revertir la concentración del poder que durante años ha venido operando en Venezuela es un requisito sine qua non para la recuperación. Para combatir la delincuencia, se requieren fuerzas de seguridad al servicio de la ley y no de alguna tendencia política. Para generar certeza jurídica, se requiere un sistema de administración de justicia absolutamente independiente. Para que la población pueda premiar o castigar, con su voto, el desempeño de las autoridades electas, se requiere de una institucionalidad electoral objetiva y apartidista.
Y, sobre todo, para garantizar una verdadera representación de todas las voces de la sociedad, se requiere de una Asamblea Legislativa enérgica y capaz de llamar a cuentas al Ejecutivo.
Se avecinan discusiones en extremo delicadas. Desde mi experiencia en la negociación de los acuerdos de paz en Centroamérica, quisiera advertir sobre el altísimo costo que tendría sumirse en una guerra de trincheras. El pueblo venezolano ha demandado un cambio. El contenido de ese cambio implica una negociación en donde ambos bandos hagan concesiones. Para el gobierno, esto puede implicar incluso el término anticipado de su mandato, según los mecanismos previstos en la propia Constitución Política. Pase lo que pase, hay que recordar que el test de un líder que ama a su pueblo es amarlo por encima del poder.
Lo peor en este momento es aferrarse en extremo a las posturas, bombardear de antemano cualquier puente y bloquear las avenidas. Eso entrañaría un tormento adicional para un país que requiere, hoy más que nunca, de política de altura. La principal responsabilidad de cada líder y de cada representante venezolano es prevenir el colapso. Se requieren estadistas que se sienten a la mesa, y no caudillos que golpeen la mesa.
El diálogo hace milagros. Cruentas guerras civiles, espantosos conflictos armados, luchas descarnadas entre enemigos mortales se han resuelto con el arma suprema de la inteligencia humana: la palabra. ¿Qué no es posible entonces en Venezuela?
Amigas y amigos:
Nuevamente les digo: ustedes sostienen el hilo del destino entre los dedos. Esto es más grande que cualquier aspiración personal, más importante que cualquier proyecto político, más trascendente que cualquier ideología o dogma. Esto es la supervivencia de personas concretas, de millones de venezolanos que merecen que sus gobernantes tengan la capacidad de transigir y pactar. En este momento hay niños naciendo en Caracas y en Maracaibo. Hay niños naciendo en Mérida y en Valencia. ¿Qué tipo de vida les espera?
Durante casi dos décadas, este país siguió un espejismo a través del desierto. Hoy ha dejado de llover maná del cielo. Y, sin embargo, el chavismo insiste en señalar en la dirección del delirio y la entelequia. Nunca como ahora es necesario encontrar la senda entre la arena. El 6 de diciembre pasado el pueblo de Venezuela exigió un cambio profundo en el rumbo del país. Solo le pido a cada uno de ustedes, y a todos los que ocupan cargos de decisión pública en este país, que no le paguen al pueblo con sordera.
Yo no dudo que vendrán días mejores para Venezuela. No dudo que este pueblo, doblado de angustia y desazón, resurgirá de la mano de quien asuma la tarea de emprender las reformas, aunque duelan. No dudo que Venezuela volverá a ser próspera y segura y unida y plena, y que una vez más cantará en el Arauca vibrador, hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.
Muchas gracias.
Información actualizada a las 2:38 p. m.