Caracas. AFP. La oposición venezolana está lista para darle el empujón al presidente Nicolás Maduro y sacarlo del poder, para lo cual impulsará un referendo revocatorio del mandato, una reforma constitucional y presión en las calles con el objetivo de exigirle la renuncia.
El chavismo, por su lado, se declaró preparado para dar las “batallas” que sean necesarias para evitar ese objetivo y descartó toda posible dimisión del heredero de Hugo Chávez.
Como ha sido la constante desde que los adversarios del Gobierno se hicieron con el control de la Asamblea Nacional –tras las elecciones legislativas de diciembre–, Venezuela será escenario de otro pulso político en momentos en que el país enfrenta una inflación que, el año anterior, llegó a 180,9%, una grave escasez de bienes básicos y un déficit fiscal que, según cálculos privados, alcanza el 20% del producto interno bruto (PIB).
A tres puyas... Dos meses después de asumir el dominio del Poder Legislativo, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) anunció el martes aquella estrategia a tres bandas, cuyo propósito es contrarrestar el posible bloqueo por parte de una justicia que considera sumisa al Poder Ejecutivo.
Por “decisión unánime”, ese conglomerado de fuerzas de oposición dispuso convocar el “movimiento de presión popular más grande que haya existido” para poner en marcha “todos los mecanismos de cambio”.
Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, expuso la “hoja de ruta de cambio 2016” : presión para lograr la renuncia del mandatario, aprobación de una enmienda constitucional “para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones este año”, e “iniciar el proceso para el referendo revocatorio”.
Tal estrategia, de acuerdo con el dirigente, apunta a “alcanzar una solución política, electoral, constitucional y pacífica, y así encarar la grave situación socioeconómica, a la cual se sumó este año una crisis institucional.
“El gobierno trancó el juego y profundizó el desastre económico (...) Esto ya no se aguanta, somos víctimas de la peor crisis de la historia del país, nada funciona. Por eso, Venezuela asumió el camino del cambio”, manifestó.
Chavismo responderá. Desde las tiendas del oficialismo, el martes anticipó que habrá pelea para mantener a Maduro en el palacio de Miraflores.
“Nicolás no va a renunciar, se va a dedicar exclusivamente a gobernar para la mayoría del país, incluso para ellos (sus detractores)”, expresó Héctor Rodríguez, abogado de 33 años que encabeza la minoría chavista en la Asamblea Nacional.
“Hay una batalla económica, que es nuestra prioridad y donde estamos concentrando el esfuerzo; las batallas políticas las daremos y las seguiremos superando, como lo hemos hecho en 200 años de historia republicana”.
A su juicio, el anuncio de la MUD es consecuencia de “una gran pelea” en su interior por una futura candidatura presidencial para los comicios del 2019.
Pero eso no quiere decir que el chavismo subestime la “actitud golpista” de la oposición, aclaró Rodríguez, quien en todo caso, subrayó que el Gobierno no se dejará “sacar de su prioridad: superar la emergencia económica”.
A su juicio, la oposición “no le ofrece nada al país” más allá de sus ansias de poder, por lo que ve casi imposible un diálogo para concertar medidas económicas dejando en segundo plano la lucha política.
“Es difícil dialogar con alguien que te dice ‘te voy a tumbar en seis meses’”, alegó Rodríguez, quien acusó a la MUD de estar al servicio del “juego geopolítico” de Estados Unidos para apropiarse de las reservas petroleras de Venezuela, las más grandes del planeta.
Según el diputado, esas maniobras, sumadas a un boicot contra el país para que no pueda acceder a crédito internacional y a un desabastecimiento inducido, configuran lo que el gobierno denuncia como una “guerra económica”.
Trabas en el camino. En tanto, analistas advirtieron el martes de que los mecanismos planteados por la oposición tendrían que pasar por el filtro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), concretamente por la Sala Constitucional y la Sala Electoral.
José Ignacio Hernández, experto en materia constitucional, precisó que la aplicación de la enmienda “pasa por la interpetración” de la Sala Constitucional y el referendo podría ser retrasado por decisiones de la Sala Electoral, además de estar regulado por normas dictadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Hace una semana, el TSJ recortó los poderes del Legislativo: le quitó la posibilidad de supervisar actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y de los mandos castrenses.