El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó extender a tres días el asueto laboral del sector público para enfrentar una severa crisis de electricidad que afecta al país petrolero, por lo que los empleados sólo trabajarán dos días a la semana.
"Miércoles, jueves y viernes no se laborará en el sector público a excepción de aquellas tareas que son fundamentales, que son necesarias", declaró el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, en una transmisión televisiva, de pie en un área seca del embalse de la Central Hidroeléctrica de Guri, en Bolívar (sureste).
Los empleados del sector público, que suman aproximadamente 2 millones de personas, ya tenían todos los viernes libres —hasta el próximo 6 de junio— y trabajaban seis horas al día, por lo que la jornada laboral de 40 horas a la semana se redujo a un 30%.
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Acompañado por los ministros Vladimir Padrino (Defensa) y Luis Motta (Energía Eléctrica), y otros funcionarios, Istúriz informó que también por decisión de Maduro las escuelas de ciclos inicial, básica y media no impartirán clases los viernes.
El vicepresidente no precisó el periodo durante el cual regirá esta nueva medida del plan de ahorro energético, que hasta ahora no había afectado al sector de educación.
La crisis eléctrica ya obligó al gobierno venezolano a decretar feriado toda la Semana Santa, a reducir el horario de trabajo de la administración pública a seis horas, y a restringir el horario de funcionamiento de centros comerciales y hoteles, a los que ordenó que generen su propia electricidad para ciertas áreas esenciales.
También se decidió un racionamiento eléctrico con cortes programados de cuatro horas diarias en la mitad de los estados del país —exceptuando a Caracas y Vargas— durante 40 días, plazo en el cual se espera que esté a plenitud la temporada de lluvias.
El gobierno chavista asegura que la sequía causada por el fenómeno climatólogico de El Niño es la peor de los últimos 40 años, lo que ha secado embalses como el de Guri, que genera 70% de la electricidad del país.
Los cortes intempestivos de energía eléctrica se han vuelto rutinarios en el interior del país desde hace varios años, causando malestar y descontento en una población aquejada por una crisis económica de recesión, escasez de dos tercios de los productos básicos e inflación de 180,9% durante 2015.
