“Mi compromiso es con la paz, la verdad, las victimas y la reconciliación”, escribió en Twitter Londoño, también conocido como Timochenko.
La audiencia a puerta cerrada tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el centro de Bogotá, tribunal surgido del acuerdo de paz del 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante los enfrentamientos.
Londoño es el primero de los 31 miembros de la otrora guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en rendir testimonio sobre las “retenciones ilegales de personas” cometidas durante el conflicto “en el Marco del Caso 001”, indicó la JEP.
Entre el 14 de febrero y el 27 de mayo, los magistrados de la JEP escucharán los testimonios voluntarios de los excomandantes, para luego contrastarlos con nueve informes de la Fiscalía, de organizaciones sociales y de víctimas. A partir de esa información, los jueces sacarán una conclusión de los hechos y conductas, que los comparecientes podrán aceptar o negar.
En caso de que estén de acuerdo, se realizará un evento público en el que deberán reconocer la verdad ante las víctimas.Si los jueces consideran que el compareciente miente o no acepta la verdad, el tema irá a juicio.
La inasistencia de alguno de los excomandantes citados podría considerarse un incumplimiento, por lo que el involucrado podría perder los beneficios del acuerdo de paz.
La audiencia tiene lugar en medio de tensiones entre el gobierno y el partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) surgido del pacto de paz, después de que líderes de la disuelta guerrilla enviaron una carta a la ONU manifestando su inconformidad sobre la implementación de los acuerdos y el asesinato de excombatientes.
Además, el paradero de varios líderes de la exguerrilla es incierto, incluyendo el del exnegociador de las FARC, Iván Márquez, quien renunció a su escaño como senador en julio del 2018, alegando la “desfiguración” de lo convenido en La Habana, donde tuvieron lugar los diálogos.
Por el caso 001 de la JEP, los líderes de la exguerrilla empezaron a responder en julio del 2018 tras suscribir el histórico pacto que los desarmó y transformó en partido.
La Fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a los rebeldes. En este proceso, la jurisdicción especial conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y el 2012.
El pacto de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.
