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Caracas
La puja entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro cobró fuerza este lunes con decenas de miles de personas en las calles de Venezuela, tras 52 días de violentas protestas y disturbios que dejan 49 muertos, casi todos jóvenes.
Un chaparrón de gases lacrimógenos impidió avanzar en Caracas a más de 20.000 opositores -según cálculos de AFP- y miembros de la Federación Médica Venezolana (FMV), que salieron a protestar por la "catastrófica" situación de los hospitales ante la falta de insumos y medicamentos.
"¿Si tengo miedo? Da más miedo seguir viviendo", se quejó Raúl, de 64 años, un médico general.
"La salud es un desastre. Estamos en el peor estado de los últimos 30 años", dijo Fernando Gudayol, un cirujano de 50 años.
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Un joven de 19 años murió este lunes, herido por bala, según la fiscalía, durante fuertes disturbios en el pueblo Los Pozones, en Barinas (oeste), estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, durante violentas protestas contra Maduro.
Manifestantes quemaron la casa del partido de gobierno e incendiaron una patrulla de la Policía regional.
Seguidores del chavismo se concentraron en el Palacio presidencial de Miraflores en la capital venezolana, donde preveían ser recibidos por Maduro, pero el presidente finalmente no acudió. Maduro convocó a una mega marcha "por la paz" este martes.
"Impiden que médicos de nuestros municipios vayan a la marcha", se quejó en Twitter David Smolansky, alcalde opositor de El Hatillo (este).
Por falta de insumos, equipamiento y medicamentos, la situación de los hospitales del país petrolero es "catastrófica" según los médicos.
"Apenas tenemos 3% de insumos. Es una situación caótica. Marcharemos por el hambre que hay, por la carencia de medicamentos, ese holocausto de la salud que ha impuesto el Gobierno", dijo Douglas León Natera, presidente de la FMV.
La oposición tiene el desafío de atraer manifestantes pese a los gases lacrimógenos y la violencia y a una vida cotidiana que puede ser insoportable, con colas interminables para conseguir alimentos o el tránsito paralizado por barricadas, marchas o protestas.
"Puede perder su momento. Es difícil mantener el ritmo de esta ola de protestas. La gente tiene que trabajar, estudiar, comer y vivir su vida. Necesita elaborar una estrategia de cómo puede capitalizar este movimiento, de lo contrario puede perder lustre", advirtió a la AFP David Smilde, asesor principal de WOLA (Washington Office on Latin America), con especialización en Venezuela.
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Todo en medio de un colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI escalará a 720% este año, además de una criminalidad rampante.
Según el último balance, las protestas dejan 48 muertos, centenares de heridos y 2.660 detenidos, de los cuales al menos 161 han sido encarcelados por órdenes de tribunales militares, según la ONG Foro Penal.
El sábado, más de 160.000 personas –según los organizadores– se congregaron en la principal autopista de Caracas e intentaron caminar hacia el ministerio del Interior, en el centro. Fueron dispersados con gases lacrimógenos, a lo que los manifestantes respondieron con piedras y cócteles molotov.
Además, más de 40.000 personas (según cálculos de AFP) protestaron en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, hacia donde Maduro ordenó el envío de 2.600 militares tras disturbios y saqueos la semana pasada.
Maduro denunció el domingo que manifestantes golpearon, apuñalaron y prendieron fuego a un joven durante la protesta en Caracas, por creer "que era chavista".
"Nunca habíamos visto aquí que una persona fuera incendiada como hacen terroristas del Estado Islámico", denunció en su programa de televisión semanal.
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La Fiscalía afirmó que ya inició la investigación sobre lo ocurrido.
Según Maduro, en la oposición se gesta una "corriente nazi-fascista" de persecución a personas por sus ideales políticos, sobre todo chavistas, detrás de la cual, aseguró, está la mano del presidente estadounidense, Donald Trump.
"Donald Trump tiene sus manos infectadas y metidas a fondo en esta conspiración", dijo.
Las divisiones entre gobierno y oposición se agudizaron tras la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente "popular", en la cual la mitad de sus integrantes serían elegidos en sectores afines al gobierno.
El presidente insiste en que el "sí a la Constituyente" es el único camino "hacia la paz".
La oposición rechaza la propuesta por considerar que no es más que un intento del mandatario para mantenerse aferrado al poder, evitando las elecciones presidenciales del 2018.
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Maduro enfrenta el rechazo de siete de cada diez venezolanos, según sondeos privados.
Y la "Constituyente" ya generó algunas fisuras en el chavismo. Fue rechazada por la fiscal general, Luisa Ortega, conocida chavista.
No fue la primera vez que Ortega puso a prueba al Gobierno. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de servir al Gobierno, intentó apropiarse de las funciones del Parlamento, Ortega denunció una "ruptura del orden constitucional".
Maduro volvió a proponer a los opositores –a los que fustiga e insulta a diario– a iniciar una mesa de diálogo.
