Un tribunal comercial de Londres dio en julio la razón al opositor Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países incluido el Reino Unido, impidiendo que el gobierno de Maduro pudiese recuperar los fondos.
Pero, denunciando un “descarado robo de piratería”, el gobierno venezolano, que asegura querer destinar el dinero a la lucha contra la covid-19, recurrió la decisión.
Se reabrió así el caso el martes ante tres jueces del Tribunal de Apelaciones que lo examinarán hasta el jueves, en una vista centrada en cuestiones muy técnicas de interpretación de la ley, sin testigos ni expertos.
Se prevé que los jueces se tomen después unos días antes de anunciar su decisión.
En la primera sesión, uno de los abogado del régimen de Maduro, Nick Vineall, se esforzó de persuadirlos de que el tribunal comercial había “ido demasiado lejos” al determinar que la Justicia debía alinearse con una declaración política del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que reconoció a Guaidó como “presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles”.
Esto no significa que Londres le otorgase ningún poder, aseguró Vineall, quien insistió en que el ejecutivo británico sigue reconociendo a la administración de Maduro, aunque la desapruebe, mediante sus ininterrumpidas relaciones diplomáticas.
“El punto precisamente es que no ha habido nuevas elecciones presidenciales, que Maduro en la práctica continúa como presidente. Esa es la queja del gobierno británico, dicen que no debería ser así, pero no dicen que no lo sea”, recalcó.
Argumentando que el reconocimiento de Guaidó buscaba únicamente obligar a Caracas a convocar comicios, su compañero Dan Sarooshi concluyó asegurando que "el apoyo a una oposición interna en otro país" representa una injerencia si se hace de modo "coercitivo".
El miércoles le tocará el turno a los abogados de la oposición.
Tras haber celebrado la sentencia inicial como una “victoria del pueblo” y un precedente para otros bancos centrales europeos, la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, aseguró conservar ahora la confianza en la Justicia británica.
“Mis expectativas son que la Corte de Apelación en el Reino Unido seguirá con la tradición de independencia jurídica en un paradigmático imperio de la ley, tal como se dio el ejemplo en la Corte Superior en julio”, expresó
Disputa política
Su campo siempre afirmó querer únicamente “resguardar el oro de la reserva nacional para el pueblo venezolano” y que el litigio sólo comenzó porque Maduro intentó repatriarlo.
El Banco de Inglaterra, que custodia este oro en sus cámaras acorazadas como hace para muchos otros países, es un prestatario de servicios cuyo cliente es el Banco Central de Venezuela.
Este, presidido por Calixto Ortega, lleva intentando sin éxito recuperar los lingotes, valorados en más de $1.000 millones, desde octubre del 2018, mucho antes de que surgiera la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio del 2019 a su propia dirección ad hoc del Banco Central venezolano. Y esta ha pedido a Londres que no entregue los fondos asegurando que podrían servir para reprimir al pueblo venezolano, o llenar los bolsillos de un régimen que califica de “cleptócrata”.
Así, el Banco de Inglaterra afirma encontrarse atrapado entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la Justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resuelva como cuestión preliminar quién tiene su control.
