"La Cámara del Consejo aplazó el caso al 3 de febrero (...) para esperar diferentes decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo", anunció uno de sus abogados, Christophe Marchand, al término de la vista celebrada este lunes.
La justicia española reclamó la extradición de los tres políticos tras condenar el 14 de octubre a otros nueve líderes a hasta 13 años de prisión por el intento de secesión de Cataluña de España en octubre de 2017.
El Tribunal Supremo español pide la entrega de Puigdemont y de Toni Comín, ex consejero de Sanidad en el momento de los hechos, por los delitos de sedición y de malversación de caudales públicos.
Ambos pudieron presentarse a las elecciones a la Eurocámara de mayo por la circunscripción de España, si bien no pudieron asumir sus cargos puesto que las autoridades electorales españolas exigen primero jurar la Constitución.
Sin embargo, para sus abogados, este requisito no es necesario y consideran que ambos, por el mero hecho de haber sido elegidos por los votantes, son eurodiputados y gozan de inmunidad, uno de los argumentos de su defensa.
Estos llevaron su caso ante la corte europea con sede en Luxemburgo, al igual que el ex número dos del gobierno regional, Oriol Junqueras, quien, en su caso, se encuentra en prisión en España y ya fue condenado a 13 años de prisión.
La decisión sobre Junqueras se espera para el jueves. El asesor legal del TJUE ya propuso a los jueces que estimen que el mandato de eurodiputado y su consecuente inmunidad se consigue con la mera elección.
La defensa de Puigdemont y Comín consideran que esta sentencia podría afectarlos indirectamente, si bien esperan que la justicia europea se haya pronunciado también sobre su caso para el 3 de febrero.
El tercer independentista catalán Lluís Puig, ex consejero de Cultura, es requerido por su parte por desobediencia y malversación.
Las actuales Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) son las terceras enviadas por la justicia española. Las primeras, en 2017, las acabó retirando y Bélgica desestimó la segunda serie en 2018 por vicios de forma.
Otra política, la ex responsable regional de Educación, Clara Ponsatí, enfrenta por su parte otra euroorden en Escocia, donde reside.
