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Jerusalén
El Parlamento israelí aprobó el lunes una controvertida ley que legaliza decenas de colonias hebreas construidas en territorios privados en Cisjordania ocupada.
La ley, aprobada por 60 miembros de la Kneset contra 52, pasó en la tercera y final lectura luego de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, indicó que había informado a la administración estadounidense sobre el asunto.
La Organización de Liberación Palestina (OLP) reaccionó en un comunicado e indicó que la nueva ley significa "legalizar el robo" de la tierra palestina" y que "el gobierno israelí quiere destruir cualquier posibilidad de solución política" del conflicto.
La aprobación de la ley que permite a Israel apropiarse de cientos de hectáreas de tierras palestinas en Cisjordania ocupada, se dio pese a la preocupación mostrada por la ONU e incluso por la administración Trump.
La ley, advierten los detractores, supondría un paso más hacia la anexión, al menos parcial, de Cisjordania, algo que reclaman abiertamente algunos ministros, como el titular de Educación, Naftali Bennett, líder del partido Hogar Judío, ardiente defensor de los colonos.
Quienes apoyan el texto sostienen que este permitiría a los colonos vivir sin el temor permanente a la expulsión cuando las organizaciones de izquierda interponen demandas ante la justicia israelí por la construcción en tierras privadas palestinas.
Así les ocurrió la semana pasada a entre 200 y 300 habitantes de la colonia de Amona, declarada ilegal por el Tribunal Supremo israelí.
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Este lunes Israel comenzó a desmantelar Amona, la colonia en Cisjordania que ha estado en el centro de una batalla política y legal durante varios años, constataron periodistas.
La mayoría de las construcciones de Amona eran prefabricadas. Máquinas topadoras y remolcadoras recuperaron las casas que podían llevarse y destruyeron otras. La gran mayoría de los colonos se fueron pacíficamente con antelación.
Pero los policías emplearon la fuerza este lunes para hacer partir a centenares de jóvenes que llegaron de colonias vecinas con la convicción de que estas tierras de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, son israelíes según la Biblia, digan lo que digan los jueces, los palestinos o la comunidad internacional.
La Corte suprema israelí ordenó en 2014 la evacuación de Amona, ilegal para ellos porque está construida en tierras privadas palestinas.
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A diferencia de Israel, la ONU considera a todas las colonias como ilegales y obstáculo a la paz entre israelíes y palestinos.
La Corte suprema había dado a las autoridades israelíes hasta el 8 de febrero para desalojar el lugar.
Amona llevó al primer ministro Benjamín Netanyahu a prometer en compensación la creación de una nueva colonia, que sería la primera impulsada por el gobierno en los últimos 25 años.
El caso de Amona cristalizó la problemática de la colonización en el momento crucial de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, considerado como más favorable a las posiciones israelíes que su antecesor Barack Obama.
Desde que asumió el nuevo presidente estadounidense, el 20 de enero, Israel ha hecho cinco nuevos anuncios de colonización.
La ley implicaría la legalización de unas 3.800 viviendas israelíes en unas 53 colonias "salvajes" y otras reconocidas. En total serían expropiadas unas 800 hectáreas de tierras palestinas, según la ONG La Paz Ahora.
La comunidad internacional también ha dado la voz de su alarma. El coordinador especial de la ONU para la paz, Nikolay Mladenov, ha mostrado su inquietud ante un texto que podría "reducir enormemente las perspectivas de paz", al día de hoy inalcanzable.
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En diciembre, el departamento de Estado estadounidense mostró sus reservas ante un "avance espectacular de la colonización, lo cual ya amenaza considerablemente las perspectivas de una solución de dos Estados".
La llegada de Trump a la Casa Blanca animó al gobierno de Netanyahu a aprobar unas 6.000 nuevas viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
Sin embargo, la nueva administración estadounidense salió el jueves pasado de su silencio para frenar el entusiasmo del gobierno israelí, alertando sobre el hecho de que la colonización "podría no ayudar a alcanzar" la paz.
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El primer ministro israelí trató de retrasar el debate de la ley para coordinarse con Washington, pero Bennett y Hogar Judío amenazaron con abandonar la coalición gubernamental si no se avanzaba en la propuesta.
En cualquier caso, el futuro del texto aprobado sigue siendo incierto: Adalah, ONG propalestina, ha advertido de que recurrirá al tribunal supremo israelí para paralizarla y el mismo fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, opina que podría ser anticonstitucional y expondría a Israel a acciones judiciales internacionales por crímenes de guerra.
